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La Fundación de Estudios Financieros (FEF) ha presentado el documento ‘Sector Asegurador: Nuevos retos del sector del automóvil’, en un acto que ha sido dirigido por la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, y en el que han colaborador especialistas de distintos ámbitos relacionados con este segmento de actividad. El acto ha contado con la intervención de Ana García Barona, responsable de Regulación en la Subdirección General de Regulación y Relaciones Internacional de la DGSFP, quien ha resaltado que “los nuevos sistemas de movilidad son un mundo por explorar para el sector asegurador, y en donde es crítico que se estimule la formación ciudadana en los próximos años”.

Según García Barona, la sociedad está “en plena evolución” gracias a la tecnología, pero hay determinadas áreas que se están viendo especialmente afectadas, “como el sector del automóvil”. En este contexto, ha subrayado que “la regulación está yendo detrás de la realidad social”, y que, junto a temas como la movilidad compartida o la conducción autónoma, hay otros más convencionales que preocupan mucho al regulador y sobre los que no hay solución fácil, “como la insolvencia de las compañías en determinados siniestros o que cada vez haya en circulación más vehículos sin seguro”.

Hacia una legislación única

Con la futura reforma de la Directiva comunitaria sobre el sector en el horizonte, el documento intenta recoger la opinión de distintos expertos del segmento asegurador acerca de los desafíos a los que se enfrenta el seguro del automóvil, incluyendo una serie de recomendaciones y conclusiones para intentar mejorar la situación actual. “En general, se está avanzando en la armonización europea respecto a la obligatoriedad de asegurar los riesgos de los vehículos a motor, pero hay que evaluar en mayor profundidad desde el punto de vista técnico cómo van a repercutir en la movilidad las innovaciones tecnológicas”, ha afirmado Inmaculada Domínguez, de la Universidad de Extremadura, que ha sido una de las expertas participantes en el estudio.

En este sentido, otra de las coautoras, Mercedes Ayuso, de la Universidad de Barcelona, ha resaltado que la telemetría “abrirá grandes posibilidades al seguro del automóvil, aunque hay que discernir quién será propietario de la información y para qué supuestos”. Otra conclusión que avanza es la necesidad de “plantear una única regulación a nivel nacional para los nuevos vehículos como los patinetes eléctricos, que en la actualidad recae dentro de las ordenanzas municipales”. De este modo, según Ayuso, “se eliminaría cualquier posible discrepancia en la regulación local”, aunque también ha reconocido que “se necesita plantear una iniciativa social que a día de hoy parece lejos de producirse”.

Una Directiva con margen de mejora

Por otro lado, Jorge Fernández, Director Motor and Personal Lines de Generali, ha señalado que para los nuevos sistemas de movilidad personal “debe desarrollarse un seguro específico”, pero que para lograrlo se necesita un impulso político que parece “todavía distante”. De hecho, la propia Pilar González de Frutos ha remarcado que “los reguladores europeos parecen estar aún demasiado anclados en el pasado”, y más en un segmento como el del automóvil, que “es crítico para el sector asegurador” pero que está repleto de “retos e incertidumbres” para los próximos años.

De hecho, se ha señalado que el consenso del panel de expertos cree que, en general, la Directiva europea propone medidas que son valoradas positivamente en ámbitos como el fondo de garantía de insolvencia, las cuantías de indemnización o el control de vehículos sin seguro, aunque deberán ser objeto de debate otras áreas, como la aplicación del seguro obligatorio y la información de los antecedentes de siniestralidad del asegurado. A pesar del margen de mejora y de las revisiones que forzosamente deberán realizarse sobre el texto en los próximos años, para David Iglesias, Director de Asesoría Jurídica de Reale Seguros, “su premisa es inmejorable, porque se basa en lograr una mayor transparencia y protección para el cliente”.

Entre los retos para la industria aseguradora a medio plazo, Enrique Zapico, responsable de Electromecánica en el Centro de Conocimiento de Automóviles de Cesvimap, ha querido destacar como colofón final que “el verdadero desafío llegará cuando se implante el vehículo plenamente autónomo de nivel 5, ya que será una enorme oportunidad para el sector porque los datos tendrán gran valor para muchos stakeholders, en donde el conductor será el que menor responsabilidad tenga”.

El desafío de la movilidad segura y sostenible es ya una realidad que reclama ser abordada. Un concepto nacido de la preocupación por los problemas medioambientales y sociales ocasionados por la generalización, durante la segunda mitad del Siglo XX, de un modelo de transporte urbano basado en el automóvil particular.

Un modelo que presenta numerosos inconvenientes, entre los que destacan la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías de circulación y que han provocado una voluntad
colectiva por encontrar alternativas que ayuden a paliar los efectos negativos del actual sistema y a idear un nuevo planteamiento.

Para abordar este nuevo contexto en el que se abren paso nuevas alternativas y planteamientos que conviven al mismo tiempo otros sistemas tradicionales, el Centro de Estudios Ponle Freno-AXA ha organizado este jueves las Jornadas 3.0, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad. Una mesa redonda moderada por el presentador de Deportes de Antena 3 Noticias, Manu Sánchez, que ha contado con la participación de Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial; Francisco Olmedo, director de Movilidad de AXA España; Hunab Moreno, Country Manager de Mobike España; Eduardo Amoedo, portavoz de la Asociación de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal; Alfonso Gil Invernón, teniente Alcalde Delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao; y Jorge Ordás, subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La irrupción de nuevos vehículos y sistemas de transporte, como los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), junto a la mayor proliferación del uso de la bicicleta, sin olvidar el transporte público y los desplazamientos a pie han centrado gran parte de
la mesa redonda. El director general del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, Josep Alfonso, ha asegurado en la inauguración de las Jornadas que “estas nuevas formas de movilidad han llegado para quedarse y la situación afecta y está afectando a los accidentes y a la siniestralidad”, por lo que ha manifestado que “tenemos que seguir avanzando, no solo en su regulación, sino también en poner el foco en la convivencia”.

DGT: “La acera es para el peatón”

Para el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico (DGT), Jorge Ordás, “la acera es para el peatón, no podemos tolerar la gran siniestralidad que sufre en las ciudades y ningún vehículo debería circular por ella si no es por una necesidad especial”. “Tenemos que apostar por la movilidad a pie, el transporte público, el ‘sharing’ y los coches con más personas, buscar ese balanceo entre todos”, ha asegurado Ordás, para el que “la movilidad nunca debe convertirse en un motivo de valoración político, es un bien común, la política de movilidad no puede ser algo radical, sino paulatino”.

El portavoz de la Asociación de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, Eduardo Amoedo, ha defendido que los vehículos de movilidad personal deberían regirse al menos por la misma normativa que los ciclistas y ha reclamado una regulación más clara: “Es absolutamente imposible moverse de forma sostenible por Madrid siguiendo la normativa”, ha asegurado para incidir en que las distintas ordenanzas que aplican cada ayuntamiento hacia estos vehículos “son muy complicadas de seguir y muy desconocidas para el usuario”. “La gente acaba circulando por las aceras porque no se aclara con la normativa”, ha asegurado para incidir en que “si el usuario de este tipo de vehículos sigue teniendo impedimentos para usar este tipo de vehículos, va a seguir sentado en su coche sin buscar alternativas”.

Ordás ha defendido que “la DGT es muy valiente intentando pacificar la ciudad, estamos haciendo un ejercicio para crear un marco de convivencia en la ciudad”. “No debéis vernos como contrarios, sino como alguien que está intentando habilitar una
normativa seria”, ha insistido, al tiempo que ha asegurado que, a este respecto, vamos por delante de muchos países. “Nuestra apuesta es que vayan desapareciendo coches bien a través del ‘sharing’ o del transporte público”, ha remarcado.

Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, ha asegurado que, de los 60.000 accidentes en vías urbanas que dejaron 489 fallecidos, cinco fueron por VMP”, por lo que ha remarcado que no nos “deslumbremos” por el fenómeno de los patinetes, “no pueden centrar el debate de la Seguridad Vial, los centros de siniestralidad siguen estando en peatones, ciclistas y motoristas”. Ledesma coincide en que “la acera es para el peatón” y que el problema llega porque «hace 100 años todo se diseñó en dos partes, calzada para circular y acera para caminar, pero ahora la regulación está pidiendo la ‘calcera’”, ha expresado, por lo que a su forma de ver habría que trabajar, además de en la normativa, en la infraestructura de las ciudades.

Recuperar y compartir el espacio público

También para Alfonso Gil Invernón, teniente Alcalde Delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, ciudad en la que el vehículo privado solo representa el 11% del uso, “la acera es incuestionable, ni bicicletas, ni vehículos, lo primero es el peatón”. Ante el nuevo panorama, Invernón considera que “las ciudades vamos a tener que tomar decisiones complejas. La DGT ha hecho una labor y tiene que seguir haciendo más, al igual que la federación de municipios y provincias”, ha concluido al tiempo que apuntaba que “tenemos que recuperar el espacio público compartido, los chavales tienen que recuperar esa sana costumbre de ir tranquilamente al colegio”.

Fran Olmedo, director de Movilidad de AXA, ha manifestado, por su parte, que «las compañías de seguros tenemos que dar soluciones para que los nuevos vehículos de movilidad personal puedan circular con seguridad”. Igualmente, ha señalado que “los colectivos vulnerables están sufriendo un repunte de la siniestralidad y las compañías de seguros tenemos el reto de dar respuesta a esta nueva realidad «. Así, ha señalado que “existen plataformas que demandan seguros y personas que reclaman mayor seguridad”, por lo que, a su juicio, “hay que encontrar entre todos un marco que regule esta nueva realidad”.

Según ha apuntado, por su parte, Hunab Moreno, Country Manager de Mobike España, “el 60% de viajes de coches es de menos de 10 kilómetros y el 50% de las ciudades está dedicado a la infraestructura para el coche. Nos falta en las ciudades espacio para que se puedan usar las nuevas alternativas”. “Hay cierta fricción entre los que entramos y los que están. China tiene una de las ciudades mas contaminadas del mundo,desplegando estas flotas hemos conseguido que un 50% deje de usar  allí el coche”. “Estos vehículos tienen una gran disposición para generar el cambio. Es necesario que en algún momento se dejen de usar coches, porque no hay espacio”, ha finalizado.

AXA se ha personado en la causa abierta contra los administradores de la empresa Magrudis, elaboradora del producto cárnico ‘La Mechá‘, considerado como causante del brote de listeriosis que ha afectado ya a más de 200 personas en nuestro país. Según informa El Conficencial, el auto del juzgado que investiga el caso especifica que AXA es la entidad aseguradora que cubre la Responsabilidad Civil de Magrudis, cuya póliza establece una una garantía de 300.000 euros. Una cifra que se antoja a todas luces insuficiente, dada la reprcusión de la alerta sanitaria activada el pasado 15 de agosto y que, hasta el momento, se ha saldado con tres fallecidos, siete abortos y más de 200 personas afectadas por el brote.

A raíz de este caso, una de las organizaciones de consumidores más implicada en la defensa de los derechos de los consumidores contagiados, Facua, ha puesto de relieve que no se ha cumplido el mandato legal de que las empresas alimentarias cuenten con un seguro obligatorio. Y exige que se realicen reformas legales de forma urgente: 35 años después de la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -señala Facua- ningún Gobierno ha desarrollado su artículo trigésimo, que estableció que «el Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados, los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades».

“La convocatoria de Ayudas es uno de los proyectos que a todos los que trabajamos en Fundación más nos ilusiona, pues se dirigen principalmente a pequeñas entidades sociales que tanto ayudan a las personas que más lo necesitan”. Así lo ha destacado Julio Domingo Souto, director general de Fundación Mapfre, que ha participado esta mañana en Madrid en el acto de entrega de las Ayudas a Proyectos Sociales, promovidas por el programa #Sésolidario de la Fundación, con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan a la integración de colectivos en riesgo de exclusión social en España y mejorar su calidad de vida.

En total se han beneficiado 29 entidades sociales procedentes de 14 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco.

Con estas ayudas, que tienen una dotación global de 108.000, se financiarán proyectos para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con enfermedades raras, ayudar a enfermos de cáncer, y proporcionar asistencia psicosocial a personas con demencia, Alzheimer o Parkinson.

En el ámbito de la nutrición, Fundación Mapfre concederá becas a comedores infantiles y promoverá campañas para alimentar a familias y personas sin hogar. También ha entregado ayudas para impulsar iniciativas que fomenten el empleo y la educación en personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Entre las CCAA que más ayudas han recibido destaca Andalucía, donde cinco entidades han recibido un total de 18.000 euros, y Madrid, Cataluña y Canarias, que han recibido 12.000 euros por Comunidad.

Apuesta por la seguridad de los repartidores

Por otra parte, el operador de venta de pizza a domicilio renueva su acuerdo con Fundación Mapfre para seguir trabajando en la formación en seguridad vial y prevención de riesgos laborales de sus empleados riesgos laborales de sus empleados. Una colaboración que ambas compañías iniciaron en 2005 a través de ciclos formativos e informativos para sensibilizar al público interno sobre la importancia de conocer y prevenir los riesgos laborales. 

Enmarcado en este acuerdo y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, Fundación Mapfre y Grupo Telepizza han renovado el “Mapa de Riesgos Laborales” en diferentes soportes, con señales identificativas de las circunstancias y riesgos de tráfico que el repartidor puede encontrar, como la iluminación o el estado del pavimento, recomendando seguir la ruta más segura para llegar hasta el domicilio de los clientes. De esta forma, los empleados no solo reciben formaciones y sesiones de concienciación, sino que la compañía pone a su disposición toda la información necesaria para combatir la siniestralidad del sector.

Además, ambas compañías también han puesto en marcha un nuevo soporte visual para los establecimientos de la compañía: el cartel de uso y mantenimiento del ciclomotor. Una guía visual que tiene como objetivo concienciar al repartidor sobre la importancia de revisar el vehículo antes y después de utilizarlo para prevenir posibles siniestros a través de un protocolo de comprobación de elementos como luces o ruedas. 

“En Grupo Telepizza velamos por la seguridad de todos nuestros empelados, desde nuestros repartidores, hasta el personal de tienda y oficina. Gracias a la colaboración continúa con Fundación Mapfre conseguimos impartir formaciones y sesiones de concienciación de la mano de profesionales del sector para proteger nuestro activo más valioso, las personas que trabajan en la compañía”, afirma Miguel Justribó, EVP de Comunicación, RSC y Revolución Digital de Grupo Telepizza.

Por su parte, Antonio Guzmán, de Fundación Mapfre, ha indicado que, “para las empresas, es clara la rentabilidad de invertir en prevención no solo con sus trabajadores, sino también con sus clientes, proveedores y demás grupos de interés. En la movilidad, todos somos actores y, por ello, es responsabilidad de todos”.

Fundación Mapfre da soporte, a través de diferentes iniciativas, a los más de 550 establecimientos que Grupo Telepizza gestiona en España y, próximamente, el acuerdo se hará extensible en Latinoamérica, continente en el que ambas compañías están presentes.

Grupo Telepizza cuenta con un modelo de contratación propia, por lo que todos los empleados del Grupo forman parte del personal interno de la compañía. “Esto nos permite, no solo controlar todo el proceso de experiencia del cliente desde que recibimos un pedido hasta que lo entregamos, sino también impartir nuestra propia formación, metodología de trabajo y cultura empresarial en beneficio de todos los que hacen posible esta compañía”, apunta Justribó.

La compañía imparte diferentes formaciones a sus empleados en materias de seguridad vial y prevención de riesgos, incorporando recursos pedagógicos novedosos y eficaces como son los “Serious Games” o “Juegos Educativos”, así como plataformas de e-learning que cuentan con un alto componente de innovación y mantienen al empleado activo durante todo el curso.