Opinión

Por Nuno Antunes, Managing Director Ibero/Latam en Allianz Global Corporate & Specialty

El cambio climático ha aumentado la frecuencia, la intensidad y la gravedad de los eventos extremos y tiene un mayor impacto en las comunidades vulnerables. Según el informe de la ONU “Estado de los Servicios Climáticos 2020” publicado en octubre de 2020, se han producido más de 11.000 desastres naturales en los últimos 50 años, que se cobraron la vida de 2 millones de personas y provocaron pérdidas económicas superiores a los 3 billones de dólares.

La tormenta invernal que arrasa el sur de Estados Unidos ha causado varios muertos y ha dejado a millones de personas sin electricidad. Filomena, la borrasca que sepultó 47% de España bajo nieve, la más intensa desde los años 60, ha dejado muertos por todo el país y pérdidas de más de €45 millones a agricultores y ganadores solo en la región madrileña. Estos ejemplos de tormentas extremas ponen de manifiesto la creciente volatilidad del clima.

Las catástrofes naturales (nat cats), como tormentas, inundaciones, terremotos o incendios forestales, ocupan el sexto lugar en el Barómetro de Riesgos de Allianz de este año, y el cambio climático el noveno. El informe anual de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) identifica los principales riesgos corporativos para los próximos 12 meses y más allá, basándose en la opinión de más de 2.700 expertos en gestión de riesgos de 92 países y territorios.

¿Deberían estos dos riesgos estar más arriba en el radar de riesgos? Tanto los eventos nat cat como el cambio climático han caído en los diez principales riesgos de este año, uno y dos puestos respectivamente. La preocupación por el riesgo de los encuestados se ha visto superada, como es lógico, por la pandemia del Covid-19. El virus representaba una amenaza inmediata, tanto para la seguridad de las personas como de las empresas, por lo que no es de extrañar que el brote de la pandemia se haya disparado en la clasificación a expensas de otros peligros. Y es probable que siga siendo un riesgo prioritario hasta 2021 y más allá, hasta que la vacunación entre en vigor y las empresas puedan volver a la nueva normalidad post-pandémica.

Lo que tienen en común la pandemia y el cambio climático es que ambos son riesgos sistémicos globales. Sin embargo, en comparación con el Covid-19, el cambio climático es una catástrofe en cámara lenta con muchas causas y efectos. Aunque puede que el virus haya provocado inadvertidamente una pequeña reducción de las emisiones en 2020 debido a la disminución del tráfico, los viajes y la actividad industrial, la necesidad de combatir y prevenir el cambio climático y el calentamiento global sigue siendo tan alta como siempre, como ponen de manifiesto una serie de recientes hitos no deseados.

Relación pandemia-cambio climático

En un estudio publicado a finales de enero de este año, la revista Science of the Total Environment apunta a evidencia de una posible relación entre el cambio climático y el brote de coronavirus. Según la publicación, un estudio mostró que, debido a cambios en la temperatura y los ecosistemas, varias especies de murciélagos migraron a otras regiones de China, lo que puede haber cambiado no solo los lugares donde se encuentran ciertos virus, sino que también ha permitido nuevas interacciones entre animales y virus, facilitando la transmisión y desarrollo de variaciones más peligrosas.

Los últimos seis años han sido los más calurosos desde que se tiene constancia de ellos, y el año 2020 será el más caluroso en Europa y el conjunto de años más calurosos jamás registrados, según el Servicio Climático Europeo Copernicus. Los devastadores incendios forestales en California y Australia y el número récord de tormentas tropicales en el Océano Atlántico fueron algunas de las catástrofes naturales que dominaron los titulares en 2020. Ninguna temporada anterior de huracanes en el Atlántico había producido tantas tormentas con nombre (30), de las cuales 13 se convirtieron en huracanes.

Mientras tanto, Australia sufrió la peor temporada de incendios forestales de su historia, mientras que cinco de los seis mayores incendios de California se produjeron en 2020, incluido su primer «gigaincendio», el August Complex Fire, que quemó más de un millón de acres. Al mismo tiempo, en Europa y Norteamérica son cada vez más frecuentes las tormentas eléctricas severas, a menudo con granizo o tornados, y los daños aumentan, incluso después de ajustar el crecimiento del valor.

Sin embargo, 2020 fue también el tercer año consecutivo sin un solo evento catastrófico importante que causara un impacto económico significativo y daños asegurados, como el huracán Harvey en 2017. A pesar de la temporada de huracanes, que batió récords, la mayoría de los huracanes que tocaron tierra en EE.UU. no afectaron a zonas densamente pobladas en 2020, por lo que las pérdidas aseguradas fueron relativamente bajas, de más de 20.000 millones de dólares.

En los últimos años ha disminuido la frecuencia de los grandes acontecimientos catastróficos no relacionados con la meteorología, como los terremotos o los tsunamis. En consecuencia, la percepción negativa de estos riesgos de catástrofes, como indica el nivel de importancia en el Barómetro de Riesgos de Allianz, también ha disminuido. Dicho esto, las pérdidas agregadas de múltiples sucesos de tamaño pequeño o mediano siguen provocando una devastación generalizada y considerables pérdidas globales aseguradas.

Las catástrofes naturales causaron alrededor de 80.000 millones de dólares de pérdidas aseguradas a nivel mundial en 2020, lo que supone un aumento de más del 40% respecto a 2019, sobre todo por eventos de riesgos secundarios como tormentas convectivas severas (tormentas eléctricas con tornados, inundaciones y granizo) e incendios forestales.

Prioridad para los Consejos

Tras la atención prestada a la pandemia en 2020, es indudable que el cambio climático volverá a ser una prioridad en la agenda de los consejos de administración en 2021. El cambio climático exigirá que muchas empresas ajusten sus estrategias y modelos de negocio para pasar a un mundo con bajas emisiones de carbono. Los gestores de riesgos deben estar a la vanguardia de ese cambio para evaluar los riesgos y oportunidades de transición relacionados con los cambios del mercado y la tecnología, las cuestiones de reputación, los cambios políticos y jurídicos o los riesgos físicos. Tienen que ayudar a identificar posibles escenarios o a evaluar el impacto empresarial y financiero que impulsa la transformación global de una empresa con bajas emisiones de carbono, junto con otras partes interesadas.

Es esencial que las amplias medidas políticas para la recuperación económica y los paquetes de estímulo tras Covid-19 cumplan tanto con la recuperación de la economía como con los objetivos del Acuerdo de París para la Protección del Clima, cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales, y tratar de limitar el aumento a 1,5°C.

No hace mucho tiempo que las estrategias u objetivos relacionados con el clima se consideraban como algo secundario para muchas empresas. En el futuro, probablemente será imposible que las empresas tengan éxito sin ellas. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo (BCE) consideran que el cambio climático es un riesgo financiero importante que podría incluso poner en peligro la estabilidad del mercado financiero, ya que los escenarios de «seguir como si nada» llevarían a correcciones repentinas y drásticas de los activos de combustibles fósiles «sobrevalorados».

Además, hay muchos otros factores que están aumentando la presión sobre las empresas para que sean más conscientes del clima: empleados cada vez más comprometidos, deseosos de saber que su empresa está haciendo lo correcto desde el punto de vista medioambiental; inversores institucionales, como fondos de pensiones y gestores de activos, que presionan para que se tomen medidas concretas para proteger el clima, como objetivos de reducción de CO2 o la salida de la industria del carbón; grupos de accionistas que se aseguran de que las cuestiones climáticas sean el centro de atención en las asambleas generales; y posibles patrocinadores que buscan información más detallada que nunca sobre las estrategias relacionadas con el clima.

Las mayores exposiciones para las empresas

Entonces, ¿cuáles son las exposiciones al riesgo más significativas que el impacto del cambio climático crea para las empresas? Según los encuestados en el Barómetro de Riesgos de Allianz, el impacto de las pérdidas físicas es la exposición más importante que crea el cambio climático para las empresas, seguido de su impacto en las cadenas de suministro, los clientes y las comunidades.

Más allá del impacto de las pérdidas físicas de los daños causados por las catástrofes naturales o los fenómenos meteorológicos extremos en los activos y propiedades de las empresas, también existe una creciente preocupación sobre cómo el aumento de las temperaturas globales o el mayor riesgo de inundaciones en lugares clave podrían afectar significativamente a las operaciones futuras, a las instalaciones, a la mano de obra y a las comunidades, y sobre cómo planificar para tales escenarios.

El aumento de los riesgos normativos y legales también es una preocupación, sobre todo para los sectores que emiten muchas emisiones de carbono, pero también en otros lugares. Se avecinan cambios políticos, nuevos regímenes fiscales, requisitos de información y métricas de sostenibilidad. Por ejemplo, el «Green Deal» europeo pretende convertir a Europa en el primer continente neutral desde el punto de vista climático para el año 2050 y comprende una Estrategia Financiera Sostenible Renovada. En España tramita en el parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (“PLCCTE”), cuyos objetivos principales (hasta el año 2030) incluyen la disminución del consumo de energía primaria en 35% y al menos un 70% de la generación de energías de origen renovable.  Por tanto, las empresas tienen que prepararse y ser capaces de adaptarse rápidamente.

Al mismo tiempo, el activismo contra el cambio climático se está volviendo más sofisticado y profesional. Por ejemplo, el bufete de abogados sin fines de lucro ClientEarth se ha ganado la reputación de utilizar la legislación para exigir responsabilidades a las empresas. En septiembre de 2020, consiguió una importante victoria al forzar el cierre de una gigantesca planta de carbón en el centro de Polonia.

La amenaza de los litigios también está evolucionando. En más de 30 países, la mayoría de ellos en Estados Unidos, ya se han interpuesto demandas por el cambio climático contra las «grandes empresas del carbono». Pero la ciencia de la atribución del clima abre la posibilidad de emprender acciones legales que relacionen acontecimientos individuales con el cambio climático y responsabilicen a las empresas. En particular, un agricultor ha interpuesto una demanda contra la empresa energética alemana RWE por su contribución a las emisiones y los posibles daños a su propiedad en Huaraz (Perú).

En el futuro, los reguladores también podrían tomar medidas contra el «lavado verde» (cuando las empresas proporcionan información engañosa para presentar una imagen pública más responsable con el medio ambiente), ya que el Grupo de Trabajo sobre Información Financiera Relacionada con el Clima, los supervisores europeos y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos están estudiando este asunto.

En consecuencia, el cambio climático no debe clasificarse sólo como un riesgo para la reputación, sino también como un riesgo legal/de gobernanza. Los consejos de administración de las empresas tienen el deber vital de garantizar una sólida responsabilidad climática corporativa con la presentación de informes y la debida diligencia.

La inversión en preparación, mitigación y resiliencia es crucial. En primer lugar, deben identificarse los riesgos y las oportunidades climáticas específicas de la empresa, por ejemplo, mediante el uso de análisis basados en escenarios y de herramientas y tecnologías como los modelos de catástrofes y los mapas de peligrosidad. Esto puede ayudar a desarrollar una estrategia climática que pueda aplicarse con medidas adecuadas, como cambios en el modelo de negocio o en la combinación de carteras o inversiones en capacidades y tecnologías, si es necesario. Estos cambios también podrían constituir oportunidades desde el punto de vista empresarial, ya que la transición energética aporta nuevos productos y mercados de venta.

Por Sergio Sorgi, experto en Welfare y vicepresidente ProgEtica

En los últimos meses hemos aprendido que no estábamos preparados para lo que ha sucedido, pero no es suficiente y, tanto empresarialmente y económicamente, tenemos que decidir qué hacer. Este 2020 puede interpretarse de dos formas diferentes: como crisis o como transición. Si pensamos en una crisis financiera pasajera, como en 2008, la mejor estrategia es esperar a que pase, tomar el menor número de iniciativas posible. Por el contrario, si pensamos que es coyuntural, un cambio de época como la ocurrida en 1973, donde la crisis del petróleo nos enseñó que nada es infinito, entonces debemos decidir rápidamente hacia dónde ir, qué futuro queremos y cómo avanzar hacia él.

La educación financiera nos facilita ese mapa de ruta y tiene que ver con la dignidad económica, formando parte de las políticas sociales. No es un juego que se improvisa ni un sistema de reglas que cada uno aplica a los demás según sus propias opiniones. En estos años es tan importante para la vida de las personas que representa un verdadero derecho, así como el derecho a estar informado, el derecho a la privacidad o el derecho a ser respetado en las elecciones emocionales.

Por ello me resulta importante destacar el párrafo 10 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, en el que dice que, «fortalecer la capacidad de las instituciones financieras internas para fomentar y aumentar la utilización de los servicios bancarios, de seguros y financieros para todos»; esto abre una cuestión importante: la necesidad de desarrollar una educación financiera fiable y para ello es preciso reforzar la colaboración entre el análisis de necesidades y soluciones.

Para tomar conciencia y adoptar un comportamiento realmente útil, no se necesitan conceptos ni definiciones, no se aprende a nadar leyendo un libro o yendo a una conferencia, no es enseñando técnicas financieras como se hace prosperar la economía de la familia. Necesitas un profesor que te acompañe, que acompañe a los ciudadanos y simule que pasaría al comportarse de una manera u otra. Este compañero es el educador financiero.

Y, ¿para qué sirve un educador financiero? Para mostrarte que lo que está en juego hoy en día no es una fórmula financiera o unas centésimas de rendimiento extra, sino el bienestar de las personas, la sostenibilidad familiar. La educación efectiva se ocupa de presupuestos, deudas, protección, ahorros, jubilación, estudios de los hijos, préstamos para vivienda, de la falta de autosuficiencia. Son cuestiones muy serias, no permiten enfoques ingenuos.

AEPF se toma con mucha seriedad lo dicho sobre que la educación financiera debe cumplir con normas técnicas de calidad. La calidad, en el mundo, es garantía de que las cosas se hacen correctamente y la calidad requiere instrumentos científicos, teorías de referencia reconocidas, compromisos escritos, conocimientos bien definidos. Para ser abogado se necesita un título, para vender un juguete se necesita una etiqueta de calidad; no está claro por qué se debe elegir un educador que utilice conocimientos y herramientas «caseras» cuando hay reglas de calidad institucionales, compartidas y transparentes para hacer las cosas bien

Recuerda que, la educación financiera es esencial para reforzar la conciencia a lo largo del tiempo, aumentando tu capacidad de tomar decisiones, fortalecer los proyectos futuros, crear desarrollo y progreso para la sociedad.

Sin una buena educación financiera, todos, nos arriesgamos a cometer el imperdonable error de desperdiciar una crisis.

Puede encontrar el articulo completo en la Revista de Educación Financiera.

Por Carlos Montesinos, CEO de CGPA Europe Underwriting 

Con notable retraso se ha reactivado la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente Financiero, una noticia que también afecta la defensa del consumidor de seguros y por ende a la mediación en general. Sin embargo, esta noticia, a pesar de la notable importancia que la misma tiene, pasaba sin pena ni gloria a ocupar espacio en la prensa de nuestro sector, pero perdiendo su protagonismo tan solo una semana después, seguramente porque hacía referencia a una Directiva Europea del año 2013, con obligación de transponerla en el ejercicio 2015, que se acaba transponiendo en noviembre de 2017 por medio de la Ley 7/2017, más de dos años de retraso. En esta Ley de 2017 ya se comprometía a nuestro Gobierno a remitir a las Cortes en el plazo de ocho meses, eso es julio de 2018, un Proyecto de Ley mediante el cual se regulara una entidad única para la resolución de litigios de consumo del sector financiero. De nuevo nos encontramos en nuestro país con un importante retraso en la transposición de Directivas Europeas y su regulación, lo cual no por ser habitual no dejar de ser preocupante. 

El consumidor ya tiene reconocidos unos principios y derechos, pero lo más importante es establecer las vías que sirvan a los consumidores para hacer valer estos derechos, y justamente este era uno de los objetivos principales de la Directiva Europea y de su transposición, crear unos cauces sencillos, rápidos y gratuitos o de escaso coste mediante los cuales los consumidores puedan hacer valer sus derechos, y por supuesto hacer conocedor al consumidor de la existencias de estos, de nada sirve crear esta figura si la misma no es conocida por aquellos a los que precisamente les debe de ser de utilidad esta nueva instancia de reclamación y de salvaguarda de sus derechos. 

El objetivo de este nuevo supervisor será resolver aquellos conflictos relativos a reclamaciones de hasta 50.000 € que puedan afectar a los consumidores, teniendo carácter vinculante para el empresario la resolución del supervisor, con el fin de agilizar los procesos judiciales y reducir los colapsos de los juzgados. Hay que tener presente, que la intención es que este proceso sea totalmente gratuito para el consumidor y con un pequeño coste para el empresario.

Hemos escuchado a las entidades bancarias mostrar su disconformidad por este criterio en su momento, incomprensiblemente poco o nada hemos oído de la opinión del sector asegurador en su conjunto o de la mediación al respecto. En nuestro caso, los consumidores de la mediación en general seguirán teniendo a su disposición el defensor del asegurado, a quien deberán acudir en primera instancia, y solo si el consumidor ve desestimada su demanda o no ha sido atendida en el plazo de un mes entonces podrá acudir a esta nueva autoridad.

En nuestro país todavía sabemos poco acerca de los poderes que finalmente tendrá esta nueva figura de supervisión, parece bastante claro que no tendrá capacidad sancionadora, aunque a petición de la DGSFP sí deberá colaborar en la valoración y determinación de un hecho que pudiera generar responsabilidad. También parece cierto que actuará solo para reclamaciones de hasta 50.000 € y que sus decisiones serán vinculantes para el empresario. Se abre en definitiva un periodo de expectación hasta que con el paso del tiempo se pueda comprobar su utilidad.

Es significativo el hecho de que este nuevo órgano pueda actuar por reclamaciones por debajo de 50.000 euros sobre todo cuando lo comparamos con el Reino Unido o Irlanda, donde los mediadores muestran su preocupación por la capacidad de la FOS (Financial Ombudsman Service) y de la FSPO (Financial Services and Pensions Obdudsman) para gestionar reclamaciones complejas y de alto importe, dado que el número de reclamaciones ha aumentado constantemente desde su creación.

En el Observatorio que recientemente publicaba CGPA Europe veíamos en una de sus entradas como la FSPO de Irlanda tenía capacidad para actuar en reclamaciones de hasta 500.000 €, y en el Reino Unido, la FOS puede tomar decisiones vinculantes para reclamaciones de más de 400.000 €, añadiendo además que ahora la FOS puede actuar no solo en reclamaciones de consumidores particulares sino también en reclamaciones de pymes cuando estas son consumidoras de seguros, y como estas situaciones preocupaban en gran medida a los mediadores de ambos países por el aumento de reclamaciones que se estaba experimentando. De nuevo el paso del tiempo deberá de dar o quitar razones con relación a lo acertado o no de este nuevo canal de reclamación. 

Además, en estos países dado que las decisiones son jurídicamente vinculantes, impugnarlas puede llegar a ser muy complicado, como es el caso de Irlanda donde las decisiones del Ombudsman se consideran definitivas y para poder impugnar una resolución el mediador tendría que demostrar que la decisión es producto de un error grave y grave, o de una serie de errores de este tipo, lo cual es casi imposible. En otros países, como en Francia o Bélgica, la decisión del Ombudsman no es vinculante y las partes son libres de aceptar o rechazar la solución propuesta, y siempre pueden llevar el caso ante los tribunales competentes si así lo desean.

Con todo esto sobre la mesa, faltará por ver si finalmente existirá flexibilidad en la impugnación de las sentencias emitidas para acudir a los tribunales, lo cual sería beneficioso para ambas partes, pero lo que es bien cierto es que este cambio abre nuevas vías para el consumidor ya que le permite no estar abocado, como ocurre ahora, siempre a un proceloso, caro y lento proceso judicial.

Por último, quedará por saber si la capacidad de esta nueva figura en España se limitará únicamente a atender las reclamaciones de las personas físicas y de las microempresas, si se extenderá también a las pymes o si se pondrá alguna limitación por tamaño de sociedad.

Todo hace indicar que la creación de un Ombudsman Financiero Español es una buena noticia para los consumidores en general, pues de esta manera se pueden desatascar tribunales congestionados y evitar procedimientos judiciales costosos y en ocasiones infinitos para casos pequeños, sin embargo, se abre un largo periodo que hará que lamentablemente tardemos en saber cómo acaba afectando esto a la mediación y en particular a las reclamaciones que puedan recibir por parte de sus clientes

Por Carlos Mantecas, director de Marítimo y Transportes en Sedgwick

Los siniestros del sector marítimo y de transportes han experimentado resultados dispares a lo largo de este 2020. En términos de volumen, el conjunto global de reclamaciones disminuyó entre un 15% y 20%. Sin embargo, algunos países vieron un aumento repentino de siniestros a consecuencia de la COVID-19. Por ejemplo, en los Países Bajos, hemos podido observar un número excepcionalmente elevado de reclamaciones por cancelación de actividad, obviamente en relación con la pandemia de la Covid-19. Esta tendencia es específica de los Países Bajos, donde sus pólizas Marine cubren la cancelación de actividad.

En el Reino Unido, el mercado marítimo ha sido testigo durante 2020 del aumento de reclamaciones de responsabilidad, de nuevo como resultado directo de la Covid-19. Al comienzo de la pandemia, China inició una serie de confinamientos en sus provincias más meridionales y se cerraron muchos puertos, produciéndose congestión y retrasos en el transporte de contenedores, que se mantuvo tras la reapertura de dichos puertos el pasado verano.

También observamos que el volumen de exportaciones desde Asia (China fundamentalmente) a Europa y América en los últimos meses ha provocado una escasez de contenedores, ya que no regresan a su puerto de origen, y permanecen atascados o al menos postergados debido al desequilibrio del intercambio comercial entre Asia y el resto del mundo.

No obstante, y a pesar de la Covid-19, hay otros siniestros que siguen ocurriendo, por ejemplo, relacionados con contenedores. No es extraño que un único siniestro pueda ocasionar daños a un gran número de contenedores, con daños valorados en cientos de millones de dólares. Estos accidentes muestran que siempre será necesaria la existencia de peritos especializados en siniestros grandes y complejos.

Durante los últimos 12 meses, el equipo de Sedgwick ha visto aumentar la demanda de nuestra red pericial entre los clientes. Las restricciones de desplazamiento y las medidas de confinamiento en muchos países explican este cambio. En el mercado marítimo es común que los peritos viajen por todo el mundo para atender grandes siniestros. En 2020 hemos tenido que recurrir con más frecuencia a nuestros surveyors locales a medida que los países iban adoptando restricciones de desplazamiento de forma global para contener la propagación de
la Covid-19. Creo que, en el futuro, las aseguradoras y grandes corporaciones comprenderán que no es necesario enviar peritos por todos los lugares del mundo. Es menos costoso y a la vez más eficiente apoyarse en una red local sólida, que es lo que tantas empresas están intentando desarrollar.

Impacto del Brexit

Las 1aseguradoras domiciliadas en el Reino Unido, para las cuales trabajamos como peritos, están actualmente implementando grandes cambios en sus modelos de negocio, especialmente ahora que el período de transición del Brexit ha finalizado. El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido se centra principalmente en las relaciones comerciales, pero no contiene disposiciones relativas al acceso de las instituciones financieras británicas al mercado europeo. Esto significa que Gran Bretaña no se beneficiará de los pasaportes bancarios actuales que rigen en toda la Unión Europa, por lo que habrá regulaciones a las que se deben enfrentar.

Se están dando muchos casos de aseguradoras británicas, entre ellas, por ejemplo, Lloyd’s of London, que están creando entidades en Bruselas. De hecho, además de en Bruselas, otros centros de actividad están creciendo en Países Bajos (Amsterdam), Luxemburgo, España, Alemania y Francia. Esto significa que parte del mercado se ha desplazado al continente. Hace apenas dos años, alrededor del 80% y 90% del mercado se concentraba en el Reino Unido, especialmente en el mercado de Londres. El Brexit supondrá un cambio de situación.

Desde la perspectiva de una TPA (Gestión delegada de siniestros), el modelo que utilizamos habitualmente -como empresa con clientes corporativos internacionales – es el de una oficina con base en el Reino Unido que administra las cuentas, aunque la gestión propia de las reclamaciones se lleve a cabo en el país correspondiente, en su idioma local, cumpliendo con la legislación y regulaciones vigentes en la zona. La entrada en vigor del Brexit es el momento ideal para lanzar un Hub europeo que siga el mismo modelo y que a la vez mantenga los pasaportes bancarios, dada su localización dentro de la Unión Europea, concretamente en Madrid.

Nuestro modelo cumple con los requerimientos regulatorios posteriores a la etapa de transición que regula el tipo de información que podamos almacenar en nuestros sistemas para cuentas transfronterizas.

Automatización y digitalización

No hay duda de que actualmente existe una tendencia global generalizada hacia la automatización. La COVID-19 ha intensificado esta tendencia en muchos sectores, especialmente en el nuestro y en el de nuestros clientes. Con la automatización, las soluciones basadas en la inteligencia artificial y la digitalización se ha comprobado que pueden ofrecer oportunidades al mercado y no limitaciones al mismo.

La peritación remota es un ejemplo muy interesante en este sentido. Nos ha permitido utilizar smartphones para realizar peritaciones en zonas remotas, donde en otro momento debería de haber acudido una persona a peritar. Los drones nos ayudan a peritar zonas del siniestro con difícil acceso.

A pesar de que la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) es bastante reciente y está aún en desarrollo, es muy probable que cada vez juegue un rol más importante en el futuro. En nuestras operaciones ya la estamos utilizando en el Reino Unido, y tenemos el objetivo de hacer lo mismo en el resto del mundo a corto plazo.

Aunque la tecnología de inteligencia artificial (IA) es bastante reciente y sigue en fase de desarrollo, es muy probable que desempeñe un papel creciente en los próximos años. Como empresa, ya lo estamos utilizando en el Reino Unido, con el objetivo de introducirlo en otros países próximamente.

El uso cada vez mayor de la tecnología juega un papel clave puesto que vemos que la digitalización puede aprovecharse para un uso más allá de la mera tramitación de siniestros. La tecnología nos permite unir la gestión de siniestros y la recopilación de datos para proporcionar información a nuestros clientes en la gestión del riesgo. La información puede ser recogida independientemente del lugar de origen del siniestro o de su tamaño, y la coherencia de los datos proporciona tanto a clientes como a gestores de riesgo la oportunidad de tomar decisiones con mayor fundamento en una gran variedad de aspectos, como por ejemplo, la contratación de pólizas, qué franquicias son más convenientes y qué precio, etc.

El futuro de la tramitación de siniestros en el ámbito marítimo y de transportes es trabajar desde la perspectiva de la gestión integral del mismo. Hemos comenzado a rediseñar el trabajo de nuestros equipos, en respuesta a las nuevas necesidades de los clientes, en base a lo aprendido de la gestión de siniestros de otros ramos. Como resultado, estamos combinando recursos, tecnología y conocimientos de nuestros especialistas en Marítimo y TPA para ofrecer a nuestros clientes un servicio de gestión integral de principio a fin.

Hemos observado que hay una creciente demanda por parte de los clientes dentro del sector marítimo, incluso en siniestros grandes y complejos, soluciones más eficientes y amplias, combinando servicios de peritación y TPA. Este es el modelo que buscamos desarrollar en el nuevo Hub en España. El nuevo hub de TPA de siniestros marítimos reciente implantado en Madrid tendrá capacidad para una gestión integral, proporcionando a los clientes una gran variedad de soluciones, desde pequeñas reclamaciones a grandes siniestros. Contará tanto con tramitadores como con una plantilla de peritos especializados; y se beneficiará de los avances tecnológicos desarrollados para responder a la situación de pandemia de la COVID-19 además del sello global del Grupo Sedgwick.

Se ha elegido a España como ubicación del nuevo Hub de transportes por su localización estratégica. El país es una puerta clara a Latinoamérica, por motivos culturales y lingüísticos, y se encuentra bien situado geográficamente para manejar las diferencias horarias entre EE.UU., Europa y Asia. En términos de idioma, en Europa la gran mayoría de personas hablan al menos dos idiomas, y en el caso del equipo en España que tramita esta tipología de siniestros, hablan tanto español como inglés, además de otros idiomas.

Del mismo modo, nuestra presencia cada vez mayor en España junto con la reciente adquisición de una firma portuguesa especializada en peritación y gestión de siniestros, implica que somos capaces de ampliar nuestra oferta desde Portugal a países africanos con los que conserva fuertes vínculos culturales (Angola, Cabo Verde, Mozambique) así como Brasil, por cuestión evidente s de idioma y cultura.

Además, Sedgwick Iberia cuenta con una gran experiencia trabajando en siniestros de1 perecederos; no en vano, España es un gran productor de frutas y verduras, al igual que Latinoamérica. Dentro del sector de transporte de mercancías los perecederos exigen mucha dedicación y rapidez y nuestros peritos tienen gran experiencia en este campo dado que llevan trabajando mucho tiempo en reclamaciones de este tipo.

Por último, no hay que olvidar que España es un país que trabaja con precios muy competitivos con respecto al resto de Europa, lo que significa una clara ventaja para todos nuestros clientes.

Por Eduardo Martínez Herrero y Lucía Do Nascimento López, abogados de ECIJA

A día de hoy, es totalmente incuestionable el papel que ha ocupado y ocupa la tecnología para el adecuado y ejecutivo desarrollo de los diferentes sectores industriales. Concretamente, en el sector asegurador se ha venido denominando “insurtech” al fenómeno de startups que están aplicando la tecnología para optimizar y mejorar, fundamentalmente, el modelo de negocio de seguros actual.

A través de este artículo, analizaremos algunos retos legales en materia de protección de datos que derivan del uso de dispositivos digitales- los denominados Wearables– y el aprovechamiento que hacen las compañías aseguradoras respecto de los datos que se obtienen a través de estos medios.

El término Wearable hace referencia al conjunto de sistemas o dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte del cuerpo y que, dependiendo de sus funciones, podrán interactuar con éste, así como con otros dispositivos, como el teléfono móvil. A tal efecto, estos aparatos permiten recabar y emitir datos de forma continua lo que supone, indudablemente, que el principal activo de la implementación de esta tecnología sean los datos de carácter personal.

Pues bien, el sector asegurador ha empezado a sacar partido a la información proporcionada por los usurarios de Wearables, desplegando nuevos modelos de negocio gracias a la ejecución de esta tecnología y, en particular, a través del seguro de Vida interactivo consistente en someter al cliente o asegurado a un seguimiento de estado de salud por medio de dispositivos digitales. En este punto, conviene destacar la labor realizada por la aseguradora John Hancok, pionera en esta rama, puesto que confeccionó un producto basado en una la póliza de Vida que, dependiendo de cómo el asegurado vaya mejorando sus datos de actividad física, procede al reembolso de dinero. Pero ¿cómo es posible obtener lícitamente estos datos de salud con wearables conectados?

La obtención de estos datos considerados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del RGPD, especialmente protegidos, puede llegar a tener dos vertientes de opinión o perspectiva de los usuarios. Por un lado, nos encontramos ante asegurados que entienden que pueden obtener un beneficio y descuentos por lograr determinados hitos en sus dispositivos, de forma que el cálculo de la prima se ajusta realmente al riesgo asegurado. En otras palabras, el hecho de demostrar una condición física y de salud optima, puede conllevar a una reducción en el importe de la prima de seguro de Salud siendo esto una consecuencia directa del análisis que determina que el asegurado es menos propenso a sufrir determinadas enfermedades. 

Por otro, se encuentran aquellos que se oponen a la obtención de estos datos por diversos motivos y, entre ello, desconfianza sobre el alcance del uso que hará la asegurada, así como por la intromisión de las mercantiles en una esfera muy privada. Esta oposición se funda en la consideración que realizan respecto de su estilo de vida y ello porque no es el más óptimo para su salud lo que supone una desventaja en el cálculo de la prima de su póliza de salud.

A la vista de lo anterior, nos encontramos ante los siguientes retos que se plantean en materia de protección de datos:

Por una parte, la legitimación en cuanto al tratamiento de los datos personales de salud, considerados especialmente protegidos, recabados por los dispositivos.

La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en adelante, “LOSSEAR”), como regulación sectorial, contempla en su artículo 99 cierta habilitación legal para el tratamiento de los datos de salud sin el consentimiento del interesado para la “determinación de la asistencia sanitaria” y “el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado o sus beneficiarios de los gastos de asistencia sanitaria.”

Cabe resaltar que este encaje jurídico ha sido avalado por la por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), ya que así lo recoge en su “Guía para el tratamiento de los datos personales por las entidades aseguradoras”

Es por ello que este nuevo tipo de seguros basados en datos obtenidos a través de Wereables deberá articular jurídicamente el tratamiento de dichos datos bien en el marco de una obligación legal sobre los supuestos anteriormente mencionados o bien deberá contar con el consentimiento del interesado.

No cabe duda que este es un momento idóneo para que todas aquellas entidades aseguradoras que se propongan instaurar la comercialización de este tipo de productos, inicien el proceso a través del ya tan conocido principio de la privacidad por defecto y desde el diseño, definiendo claramente:

• Qué datos son necesarios para cumplir con las finalidades buscadas. Es decir, los tratamientos a realizar para alcanzar la consecución del objetivo (elaboración de perfiles, monitorización sistemática), y cuáles de estos tratamientos encuentran su amparo en una base legitimadora válida.

En este punto, debe traerse a colación el cambio de dirección que han marcado las últimas sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puesto que el citado organismo ha fijado con claridad que ya no vale con sacar el producto al mercado, recabar datos y luego ver para qué pueden servir, sino que el análisis debe realizarse de forma inversa. 

• Cuáles serán las tecnologías intervinientes en el proceso de recabado de datos especialmente protegidos. Por un lado, las tecnologías implementadas en el propio dispositivo, generalmente basadas en inteligencia artificial (IA) y por otro, las tecnologías aplicadas al tratamiento de datos personales (Big Data, elaboración de perfiles, monitorización sistemática).
• Recordemos que las autoridades europeas en materia de protección de datos están publicando, cada vez con más frecuencia, guías y directrices sobre el tratamiento de datos personales basadas en IA en diversos ámbitos.

En conclusión, serán cuestiones delicadas pero cruciales las relacionadas con el cumplimiento de los principios generales del RGPD, poniendo el foco sobre los planteamientos efectuados respecto de la minimización de los datos, así como las medidas de seguridad que deberán ser implementadas como resultado del análisis de riesgos y la evaluación del impacto realizada, y todo ello unido al cómo sopesarlo en beneficio de la entidad aseguradora sin vulnerar los derechos fundamentales del asegurado.

Por Álvaro Rodríguez García, abogado del área Civil en AGM Abogados

El pasado 11 de enero de 2021 el Consorcio de Compensación de Seguros (entidad de Derecho Público, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) emitía un comunicado en el que ponía en conocimiento que no asumirá el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados, tanto en los bienes como en las personas, por las intensas nevadas que ha dejado a su paso la borrasca Filomena.

“Las nevadas no se encuentran incluidas en la relación de los riesgos extraordinarios que indemniza el CCS. Por tanto, ni los daños a las personas, ni los daños materiales ni la pérdida de ingresos o lucro cesante que produzcan las nevadas pueden ser indemnizados por el CCS. En el caso de personas o bienes asegurados, los afectados deberán dirigirse a su entidad aseguradora, que podrá atender su reclamación si la cobertura está incluida en el contrato de seguro suscrito por el afectado.”

Por lo tanto, el CCS descarta así que la nieve esté entre sus competencias en cuanto a los riesgos extraordinarios que, si asume, tales como inundaciones, embates de mar o de tempestad de viento con rachas que superen 120 km/h.

Por ahora, el Ayuntamiento de Madrid, en una primera aproximación, calcula los daños a consecuencia de las nevadas en 25 millones de euros, que probablemente aumenten conforme desaparezca el hielo en la capital.

Por ello, ante tal negativa del CCS a asumir los daños que ha dejado una nevada sin precedentes en nuestro país, los perjudicados tendrán que ponerse en contacto con sus compañías de seguros, para el caso de que tengan las garantías oportunas contratadas en póliza, estas serán las que asuman las eventuales indemnizaciones.

Esto plantea una problemática, ya que para aquellos que no tengan asegurados sus bienes, así como para el caso de que estén asegurados, pero estos no tengan cubiertas las garantías oportunas para este tipo de eventualidades, se verán en la tesitura de tener que soportar dichos daños de su propio bolsillo.

En todo caso, será de vital importancia analizar el contenido de la póliza para saber a ciencia cierta si su seguro se hará cargo de los daños.

Si te has visto afectado a consecuencia de las intensas nevadas y deseas conocer las probabilidades de poder reclamar el importe de los daños, ya sea en tus bienes, tu negocio, o en tu propia persona, contáctanos. Tenemos especialistas en el sector que pueden apoyarte y acompañarte en todo el proceso.