Categoría: Opinión

Por Pedro del Pozo, director de Inversiones de Mutualidad de la Abogacía

Resulta extraordinariamente complicado determinar con exactitud qué está interpretando el mercado financiero, en términos de economía real, más allá de actuar como un clásico indicador adelantado de tendencia y dotado, por cierto, de un carácter ciclotímico que no se debe obviar. Es evidente que las inferencias macroeconómicas que podemos sacar de la debacle bursátil y del notable incremento de los spreads de crédito, aun asumiendo las distorsiones que provocan las masivas órdenes de venta automáticas, no son positivas. En ese sentido, el futuro inmediato, más que incierto, se presenta complicado para todos. 

No obstante, dentro de este panorama en absoluto reconfortante, sí empezamos a atisbar ciertos signos de incipiente normalización. Fundamentalmente, estas señales proceden del mercado privado de renta fija: aunque los diferenciales de crédito se mantienen altos, estamos asistiendo en los últimos días a un auténtico conjunto de emisiones primarias de multitud de empresas. Con carácter general, se trata de emisores de calidad, es decir con rating “grado de inversión”. En otras palabras, títulos que podría adquirir, en su caso, el organismo monetario de turno, llámese BCE o Reserva Federal. Las rentabilidades que se están pagando, obviamente, son mucho más elevadas que las que podrían haber conseguido estos mismos emisores hace un par de meses. Pero la noticia está ahí: salen al mercado. Y con notable éxito de colocación, por cierto.

Optimismo en China, pero incertidumbre en Europa y EE.UU.

A todo ello hay que sumar los datos en China, claramente esperanzadores. De hecho, si nos atenemos a los últimos indicadores adelantados de oferta (PMI´s) en el país asiático (una guía en la medida que marca el comienzo de la actual emergencia), la recuperación tendría forma de “V”. En otras palabras, la economía volvería de manera rápida a la situación inicial.

Resulta muy aventurado realizar un pronóstico acerca de si veremos esta rápida recuperación de la actividad en occidente o si, por el contrario, la recesión será tan dura que la puesta en marcha de la actividad se demorará en el tiempo. Incluso se aventura, en algunos ámbitos, una recesión aún más profunda que la de 2008-2012. Teniendo en cuenta las medidas monetarias tomadas y el previsible efecto positivo de las medidas fiscales, singularmente en EE.UU., la diferencia entre una “V”, una “U” o una “L” como modelo de recuperación dependerá del tiempo que nos mantengamos en la presente situación de parada, tanto por lo que se refiere a la oferta como a la demanda. En ese sentido, nada puede haber más alentador que la mejora de los datos de evolución de la pandemia. 

Quedan por delante las publicaciones de unas baterías de datos macroeconómicos, realmente terroríficos. Algunos de ellos, como el empleo, apenas si los empezamos a entrever. Muchos de ellos serán indicadores atrasados, es decir, marcarán hasta dónde ha llegado la amplitud de la actual crisis que, con independencia de cómo sea la figura de recuperación, todos recordaremos, por sus causas y efectos, como histórica. No obstante, en la medida que los plazos pueden verse acortados en la lucha contra la enfermedad, en la medida que la victoria sea no solo segura sino razonablemente rápida, los dividendos de la paz deberían llegar también en un plazo no excesivo. Y, de producirse eso, el mercado, con su extrema sensibilidad, también lo debería adelantar.

Carlos López-Henares, director de Planificación Patrimonial de Singular Bank

En las últimas semanas, el Gobierno ha ido adoptando diversas medidas legislativas tendentes a paliar los problemas de liquidez que está originando la pérdida de ingresos derivada de ralentización de la actividad económica.

Entre ellas, la Disposición Adicional Vigésima del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ha introducido la posibilidad de disponer los planes de pensiones y otros instrumentos de previsión social en caso de desempleo o cese de la actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

A continuación, se resumen los aspectos más destacables de dicha regulación, sin perjuicio de las precisiones que a estos efectos puedan establecer ulteriores desarrollos normativos. 

1. Instrumentos de previsión social reembolsables:

• Planes de pensiones.
• Planes de previsión asegurados.
• Planes de previsión social empresarial.
• Mutualidades de previsión social.

2. Colectivos que pueden solicitar el reembolso:

• Desempleados como consecuencia de un ERTE derivado de la crisis sanitaria originada por el Covid-19.
• Empresarios titulares de un establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del RD 463/2020 de declaración del estado de alarma (locales y establecimientos minoristas con les excepciones previstas en dicho artículo 10, museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio listadas en el anexo del RD 463/2020, hostelería, restauración -salvo entregas a domicilio- así como verbenas, desfiles y fiestas populares).
• Autónomos que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (supuesto que, en mi opinión, exigiría alguna concreción normativa adicional).

3. Limitaciones cuantitativas en el importe de los derechos consolidados reembolso:

• Salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE.
• Ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir por los empresarios mientras se mantenga la suspensión de la apertura al público de sus establecimientos.
• Ingresos netos estimados que se dejen de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

4. Plazo para solicitar el reembolso de derechos consolidados:

Según el apartado 1º de la DA 20ª del RDL 11/2020, los partícipes de planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados “durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma”,  sin perjuicio de que el propio apartado 6º establece la posibilidad de que “el Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pueda ampliar el plazo para solicitar el cobro, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

El RD 463/2020 entró en vigor el pasado 14 de marzo y, por tanto, el plazo inicialmente previsto para solicitar el reembolso expiraría el 14 de septiembre de 2020.

La norma transcrita adolece de alguna imperfección técnica ya que resulta obvio que hasta hoy (1 de abril) que ha entrado en vigor el RDL 11/2020, de 31 marzo, no existía la posibilidad de solicitar el rescate de los instrumentos de previsión social por este motivo, por lo que difícilmente se podrá solicitar el rescate desde el 14 de marzo. En opinión de quien suscribe esta nota, lo que trata de acotar la norma, con cierta imprecisión, es el período en que ha de ser observada la pérdida de ingresos a efectos de la determinación del límite cuantitativo de estos rescates. Dicha observación en la caída de rentas de estos colectivos debe realizarse desde el 14 de marzo hasta que finalice la vigencia del ERTE, se levante la suspensión de apertura al público de los establecimientos o cese la situación de crisis sanitaria.

5. Plazo para efectuar el reembolso.

El reembolso debe efectuarse en un plazo máximo de 7 días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.

6. Régimen fiscal de los reembolsos.

El RDL hace una remisión genérica, a la vez que excesivamente escueta, sobre la sujeción de tales reembolsos al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones.

7. Desarrollo reglamentario pendiente.

Según el apartado 3º de la DA 20ª del RDL 11/2020, “Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados”.

Por otra parte, la DF 11ª del RDL 11/2020 “habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de los previsto en el presente real decreto-ley”.

En opinión de quien suscribe esta nota,  el desarrollo reglamentario será imprescindible, dado que la norma es imprecisa en diversos aspectos; entre ellos, no queda claro si para solicitar el reembolso ha de esperarse a que finalice el ERTE o se decrete la apertura al público de los establecimientos o desaparezca la situación de crisis sanitaria con el fin de poder observar cuáles son los ingresos perdidos a lo largo de dicho período y poder fijar el límite cuantitativo de dichos reembolsos (lo que puede ocasionar que la norma sea ineficaz para la finalidad con la que ha nacido, finalidad que no es otra que resolver el problema originado por la falta de ingresos a que se ven abocados los colectivos habilitados para solicitar el reembolso) o, por el contrario, si pueden irse solicitando los reembolsos de forma sucesiva y, en este último caso, qué incidencia tendrían los reembolsos sucesivos en la calificación de estos como reembolsos en forma de renta o capital a efectos de poder aplicar la reducción del 40% aplicable a las prestaciones en forma de capital que correspondan a las aportaciones realizadas hasta 31-12-2006.

Por Fernando Mata, consejero y director general financiero de Mapfre

Cuando me preguntan en qué sector económico trabajo, mi respuesta los 364 días al año es que trabajo en una empresa de servicios. Y no es del todo verdad. Ese día restante del año, un día difícil como hoy con un virus que nos arrincona, tengo que decir que trabajo en una entidad financiera. Y es que cuando la crisis aprieta, no hay servicio al cliente si no tenemos capacidad financiera.

Nuestro negocio tiene el ciclo inverso del dinero: primero cobramos, y luego retornamos el servicio o el capital. Y ahora lo que toca es pagar, y pagar con la mayor celeridad posible. Nuestros empleados, asegurados, agentes y mediadores, redes de proveedores, accionistas, etc demandan ese flujo de dinero que les garantiza la continuidad de sus quehaceres y de sus negocios. Son más de 200.000 agentes económicos en todo el mundo con alguna relación con Mapfre.

Escuchamos en todos los medios que la liquidez es clave, que las disponibilidades son escasas, que la gestión de tesorería es crítica, que la tensión para atender los pagos es un riesgo clave….

Por eso toca pagar, y pagar rápido. Y tenemos toda la munición lista para inyectar liquidez al modelo productivo.  Siempre hemos gestionado nuestras inversiones y tesorería pensando en la ocurrencia de un entono adverso. Hoy, podemos decir con gran satisfacción, que la fortaleza financiera de Mapfre y la calidad de nuestros activos está al más alto nivel.

Y estamos viendo cómo nuestras cuentas bancarias reciben, como todos los meses, ese flujo positivo, en concepto de nómina, de comisiones o de servicios profesionales prestados, o de indemnización o reembolso de gastos. Y los ahorradores que nos confiaron su capital y ahora lo necesitan, saben que tienen en Mapfre esa garantía de disponibilidad. Y ahora pagamos, con la absoluta certeza que nos confiarán de nuevo su dinero cuando empiecen a llenar la hucha. Y Mapfre paga, y con esos fondos el ciclo económico permite la ejecución de otros pagos.

Toca pagar. En España, en Brasil, en USA, México y en Italia. Y en todos los países en los que Mapfre tiene operaciones. Los equipos financieros tienen instrucciones muy claras sobre la gestión de activos e inversiones, basada en un principio último: liquidez.

Y si pagamos deprisa, también cobraremos nuestros recibos a tiempo. Se trata de mantener vivo y dinámico el ciclo del dinero, pero siendo sensibles también a que en los países donde los autónomos y los pymes no pueden trabajar debido al COVID-19, nuestro compromiso también es ayudarle a mantener su actividad y, por tanto, su cobertura de seguro, como estamos haciendo en España

Ganaremos esta guerra que tenemos contra el coronavirus, mientras damos el mejor servicio a nuestros asegurados y resto de stakeholders pagando lo que les corresponde y necesitan. Y pagando deprisa. Como lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Es nuestro ADN.

Por Pedro del Pozo, director de Inversiones de Mutualidad de la Abogacía

Aunque aún no tengamos los datos oficiales, todo parece indicar que el coronavirus va a constituir, con diferencia, el impacto más importante para la economía y también para los mercados financieros desde Lehman Brothers, hace doce años. Es posible que, como crisis, resulte incluso más relevante en términos de “marca de agua” para algunos indicadores que la de 2008-2009, aunque existe también un cierto consenso en que la recuperación de la actividad, una vez pase la emergencia, será más rápida. De momento, aún queda tiempo para que, oficialmente, esta crisis adquiera la condición de recesión según la definición usualmente aceptada, es decir, dos trimestres consecutivos de caída del PIB. Pero ya nadie duda que vayamos a tener estos dos trimestres. El que ahora termina y otro más. Eso, de momento. La duda ya no es el qué, sino el cuánto.

«Este Cisne Negro nos aboca a poner el contador en 2009»

De vuelta a 2009

En esta línea, durante los últimos días hemos observado un menor optimismo en los mercados financieros, tras las fuertes recuperaciones en la valoración de activos de la semana anterior, que descontaban las medidas fiscales y monetarias puestas en marcha a nivel global. Qué duda cabe que tanto desde los Gobiernos como desde los bancos centrales, lo primordial en los próximos meses, tal vez años, será luchar contra los efectos de esta crisis. Otros asuntos, como el Brexit o la guerra comercial, que tan importantes parecían hace poco más de un mes, son ahora auténtico papel mojado. Tal es el impacto de este “Cisne Negro”, que nos aboca, en buena medida, a volver a poner el contador en 2009. Con más experiencia, eso sí. Pero con los niveles de deuda pública realmente sobrecargados….y con déficits que, ya casi nadie lo duda, se dispararán por la vía de un mayor gasto para atender la contingencia, y unos menores ingresos fiscales, al menos a corto plazo, como resultado de la caída del empleo y del consumo.

Por todo ello, escenario muy complicado, que habrá que rellenar con sudor…y también, lamentablemente, dada la naturaleza de esta crisis, con sangre y lágrimas. En ese sentido, por seguir en términos churchillianos, la lucha de la sociedad en su conjunto, desde las instituciones hasta los ciudadanos, y con especial mención al sector de la sanidad, lograrán la, ahora difusa pero sin duda realizable, victoria. Mientras tanto, ánimo y prudencia.

Por Javier Gausí, Head of Willis Towers Watson Networks

Hay amenazas en nuestro sector más allá del COVID-19 que van a derivar en una reordenación del mercado de corredores y corredurías de seguros en un corto espacio de tiempo. Si la nueva Ley de Distribución de Seguros estrecha el cerco y somete a una mayor presión regulatoria a los corredores y corredurías de seguros respecto a materias como el propio acceso al ejercicio de la profesión, el desarrollo técnico de nuevos productos e incluso a su organización financiera, hay otros elementos externos que implican una adecuación de procesos a la evolución de los tiempos y, sobre todo, a los nuevos hábitos tecnológicos de sus clientes, no solo de compra sino de interactuación e información, de cómo se relacionan con ellos.

Y es que resulta evidente que los clientes no son ajenos al paso de años y, como es natural, se van renovando; nuevos clientes que demandan a su vez nuevos canales de comunicación, sistemas más amplios de información y, sobre todo, inmediatez en un mundo que avanza y se transforma continuamente y para el que hay que estar preparado.

Si añadimos a esta ecuación la aparición en escena de actores muy potentes que están desembarcando en el mundo del seguro tales como Amazon, Google, Ikea e incluso fabricantes de automóviles con el objetivo de convertirse en grandes distribuidores de pólizas masa, el resultado no deja de ser escalofriante y adquiere una nueva dimensión respecto a la competencia que nos vamos a encontrar y a su capacidad. Aun así, no debemos olvidar que, si algo ha caracterizado a nuestro sector desde su origen, es el término confianza. No olvidemos que el seguro sigue siendo un negocio de personas en el que las relaciones personales y el asesoramiento profesional son, sin duda, la clave del éxito. No caigamos en el alarmismo. No está todo perdido, ni mucho menos.

Lo que sí es cierto es que el 56% del conjunto de corredores y corredurías de seguros en España intermedia menos de 500.000 euros en primas al año. De este 56%, un 20% factura menos de 300.000 euros al año. Las preguntas subyacentes son inmediatas: ¿Está realmente preparado el mundo del corretaje para afrontar estos cambios? ¿En qué medida? La respuesta, desde mi humilde opinión, es que será complicado que corredores y corredurías de seguros con volúmenes de primas como los que hemos comentado puedan afrontar por sí mismos esta revolución, esta adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de compra de sus clientes.  

Téngase en cuenta que todos los factores que determinan un cambio sustancial en el desarrollo de las corredurías supondrán que habrá que destinar más tiempo a la gestión administrativa y, en principio y salvo muy raras excepciones, restárselo a la gestión comercial y a las inversiones en la tecnología y el software necesarios para adecuarse a la explosión tecnológica y a los nuevos hábitos de compra. Todos estos cambios afectarán sin duda a la distribución de tareas de un corredor o una correduría de seguros, Se sumará carga en la administración, en el aspecto tecnológico y en el normativo, y se restará fundamentalmente en las funciones comerciales y de venta con el correspondiente impacto negativo en los ingresos de la correduría.

Ante este panorama, vienen tiempos en los que será conveniente sumar fuerzas para optimizar recursos y buscar economías de escala que supongan una liberación de cargas administrativas y de acceso a mercados cada vez más restringidos para los más pequeños. No nos olvidemos de todo lo relacionado con marketing digital como una nueva experiencia de venta que requiere, no solo dedicación, sino herramientas tecnológicas para llevarlo a cabo y formación específica en este sentido. En definitiva, sumar capacidades para afrontar los nuevos retos que nos impone el propio mercado y la sociedad. El asociacionismo, las alianzas, las integraciones de cartera, la colaboración entre profesionales o la externalización de servicios, son buenas soluciones para afrontar esta realidad. En cualquier caso, habrá que elegir bien al compañero de viaje y el modelo que mejor se adapte a las necesidades de cada corredor y correduría de seguros.

Es cierto que, en este sentido, modelos hay muchos y es necesario por tanto estudiarlos bien antes de tomar una decisión, pero, en cualquier caso, hay ciertos principios básicos a tener en cuenta. El aspecto económico, por ejemplo, es importante pero no el más importante. Si el modelo elegido tiene como base exclusivamente acceder a dos o tres puntos más de comisión en determinados productos, posiblemente fracasará en poco tiempo. Hay que buscar opciones que sumen fuerza sectorial, donde la aportación se produzca desde el Networking, donde se dé mayor importancia al aspecto formativo y tecnológico; modelos que tengan su base en la integración en estructuras más potentes que permitan al corredor o correduría de seguros liberarse de carga administrativa para atender a la esencia del negocio, a la venta y al asesoramiento de sus clientes, abriéndose ante él una posibilidad de acciones no accesibles hasta el momento.

Y es cierto que ante esta posibilidad surgen miedos e incertidumbres, pero también lo es que si el mundo evoluciona nosotros debemos hacerlo también. Es necesario no tener resistencia al cambio ni a la reinvención, es sólo cuestión de aprendizaje. Si, como decíamos al principio, hay otras amenazas aparte del COVID-19 que acechan a los corredores y corredurías de seguros, el asociacionismo, las alianzas entre corredores y corredurías de seguros y, en definitiva, la unión de fuerzas para acometer los nuevos retos de nuestra sociedad, aunque no siempre fáciles de interiorizar, abren puertas hacia un camino más sencillo. 

Por Luis Domínguez, responsable en España de Yolo

En un entorno el que la digitalización ha conquistado todo lo que nos rodea, las insurtechs han venido para quedarse. 

Yolo, la plataforma marca blanca de seguros bajo demanda personalizados y 100% digital llega a España y lo hace pisando fuerte.  Yolo nace con un fin: facilitar la innovación del ecosistema asegurador con seguros a la carta que el usuario puede contratar cuando lo necesite y durante el tiempo que quiera. Sencillos de contratar y económicamente asequibles, la plataforma aterriza con una idea revolucionaria: ‘El seguro como nunca lo has visto’.

Es un modelo de ecommerce complementario a las ofertas y canales tradicionales de seguros apoyado en 2 pilares:

• La multioferta de seguros bajo demanda. Yolo está integrado con numerosas aseguradoras multinacionales cubriendo los principales verticales de los nuevos patrones de comportamiento del usuario y
• La personalización y contextualización. La plataforma gracias a sus algoritmos diseña ofertas multiproducto personalizadas (para potenciar las actividades de cross y up selling). 
  

La compañía, participada por Neva Finventures (Intesa Sanpaolo), Net Insurance, Mansutti, Barcamper Ventures y Miro Ventures, nace dentro del sector bancario y asegurador como un apoyo para las empresas del sector seguros, banca, servicios financieros, marcas de gran consumo, e-commerce y empresas de la economía colaborativa.

Esta plataforma marca blanca de microseguros cubre las pequeñas necesidades puntuales de los usuarios según sus perfiles y momentos de demanda. Desde seguros para móviles y viajes hasta seguros para mascotas o deportes. 

Las conversiones se potencian gracias a que son 100% digitales y presentadas en el momento adecuado bajo la marca de confianza del usuario final. Además con modelos de pago por uso: por horas, días, suscripción mensual, etc. 

Yolo, desde su enfoque de marca blanca, actúa esencialmente como plataforma tecnológica para las aseguradoras y entidades financieras que necesiten distribuir sus productos a través del canal digital. Asimismo, es un ‘one stop shop’ que integra toda esta multioferta e inteligencia de datos en lo que llama partners de distribución. Éstos así puedan monetizar su base de clientes con productos digitales muy relevantes. Desde su papel de insurtech, se define como un facilitador, un acelerador de la digitalización y generación de nuevos ingresos de las compañías de seguros, bancos y partners de distribución.

La scale-up fue fundada en 2017 en Italia por los empresarios Simone Ranucci y Gianluca de Cobelli, actuales presidente y consejero delegado de la compañía. Desde entonces, no han parado de crecer. En 2019, vendieron más de 100.000 pólizas en su país de origen y, actualmente, es reconocida como una de las mejores insurtech europeas.

En el país transalpino, Yolo Group colabora con grandes bancos y entidades financieras como Grupo Banca Intesa Sanpaolo, aseguradoras, telcos o e-commerce como Allianz Partners, AIG, Ergo, Zurich Connect, Helvetia o Net Insurance. Además, cuenta con alianzas estratégicas con corporaciones como, SAS, Crif o Be.

Este diciembre, la scale up lanzó en España su primer producto en nuestro junto con ERGO: Yolo Esquí, un seguro de viajes pay-per-use 100% online para esquiadores y practicantes de snowboard. Yolo sigue creciendo su oferta multiproducto y lanzará en breve algunos de sus verticales de mayor éxito. 

Por Alejandro Linde Rodríguez, director Técnica, Soporte y Suscripción de Marh Underwriting

Corría 2012-2013, cuando la conectividad aseguradora era inmadura en el sector, pero unos pocos locos estábamos, y seguimos aventurados, desde tiempos atrás, visionábamos y creíamos en un mundo de seguros 100% conectado.

Recuerdo algún comentario con risas, bajando a tomar el típico café de visita de la aseguradora, en el que decían que “Alejandro, eso que estás diciendo es imposible”.

Bien, estamos en 2020, frente a una difícil situación llamada COVID-19, y ahora ya existen Marketplaces / multitarificadores web avanzados, el famoso EIAC, etc., .y lo que vendrá a muy corto plazo para ese famoso 100% conectado mundo del seguro. Hoy ya si podemos decir que Si, se hacen Pólizas, muchas, gracias a Plataformas Aseguradoras Avanzadas para el mediador.

COVID-19 nos ha enseñado la importancia que tienen ciertos abastecimientos públicos, tales como la Sanidad, el Transporte, los Servicios locales, de Seguridad….y ojo, el hostelero-Alimentario.  Gracias por adelantado a nuestros profesionales sanitarios, es la oportunidad social de valorar el sistema que tenemos todos, pues desde el / la telefonista más en la distancia del Servicio de Salud de la autonomía que sea, empleados de limpieza de un hospital, el camillero, celador/a, medico de urgencias, especialistas, todos –los eslabones de la cadena- hacen que ganen todas las personas de un país, tengan su salud lo más “asegurada” posible. Lo mismo en Alimentación, que a veces pueda parecer poca “categoría” socialmente hablando, la de un dependiente de pescadería o una cajera del súper, pero ponen su vida en jaque, para que los demás podamos comer.

Por fin, ha llegado algo, que nos demuestra que las categorías son una cosa del diccionario, y en seguros, analizando la cadena y  eslabones por sus categorizaciones o estamentos, pertenecemos también  esos pocos locos que creíamos en conectividad hace unos años,   y hacemos a día de hoy posible que transformemos necesidades del cliente con un fin común: posible siniestro = servicio = vivir  sanamente asegurado.

Los webservices, o servicios web, puestos en mayor medida por las compañías de seguros, nos demuestran su funcionamiento y en otra importante parte otros figurantes hacen la “magia” de los presupuestos, muchos, muchas trazas informáticas, mucho tráfico, un altísimo análisis en el backoffice de un mediador y de una empresa de soft, mucho motor oculto y potente, para que vendamos  un producto intangible, marca/producto y precio, y desde luego eso una sola persona llamada agente de seguros o mediador, es imposible que pueda incorporarlo a su diario, pero si a través de plataformas tecnológicas muy solidas y dirigidas especialmente a ese MEDIADOR.  Mediador + Empresas tecnológicas de Software de Seguros + Aseguradora = 50% de la operación de venta.   Mercadona, no sería Mercadona, sin esa cajera ni ese pescadero.  La Industria aseguradora al completo, no sería la misma, sin esos eslabones intermedios.

COVID-19, te digo;  Por un lado has venido a desestabilizar países, negocios y  la salud de las personas pero por favor, no tardes mucho más en extinguirte, pero como todo, has conseguido aclarar que no hay categorías, somos iguales y en seguros lo has dejado claro;  webservices si o si, pero con el mediador siempre.

Vamos a seguir trabajando (sin la preposición “tele), sin miedo, por que nuestra capacidad como Mediadores en materia tecnológica y social en el sector, debe superar a una situación como la actual.

Soy Alejandro Linde, corredor de seguros, loco de la conectividad, trabajador en MARH underwriting, y el fan nº1 de todos los que hacen de nuestra correduría tecnológica, un eslabón fundamental en la cadena de valor de una póliza de seguros.; nuestros colaboradores, auxiliares externos, equipo tecnológico MARH, y de Codeoscopic.

Por Patricia Villalva, directora general de Cybnus

El coronavirus nos ha demostrado que situaciones dramáticas con gravísimas repercusiones económicas pueden desencadenarse a velocidad vertiginosa a escala mundial.

En su afán de reducir al mínimo posible la pérdida de beneficios derivada de la parada de la actividad, resulta sorprendente como la mayor parte de las empresas han sido capaces, de un día para otro, de enviar a sus empleados a trabajar desde casa, pese a que, hasta la fecha, según datos del último informe de Eurostat, solo el 3% de los españoles trabajaba en remoto. Ello se traduce en que las empresas no estaban preparadas para que sus empleados trabajaran a distancia, y por tanto no cuentan con las medidas mínimas de ciberseguridad necesaria, por lo que, en estas circunstancias, se encuentran en alto riesgo de sufrir un ataque cibernético que paralice su actividad.

En la mayoría de los casos, los empleados, que se encuentran fuera del firewall corporativo, se conectan a los servidores de datos de la empresa desde sus ordenadores personales, los cuales probablemente tendrán instalados sistemas operativos obsoletos, no tendrán aplicados los parches de seguridad que recomiendan los fabricantes e incluso no contarán con antivirus ni firewall. Es común, asimismo, que los usuarios domésticos no cambien las contraseñas de los routers que incorporan por defecto, lo cual les convierten en fácilmente vulnerables   

Los ciberdelincuentes no se quedan parados en situaciones de crisis. Muy al contrario, las aprovechan para sacar el máximo rédito posible. Es por ello que, durante el período de confinamiento en que nos encontramos, se espera un notable incremento de los ataques cibernéticos que, sumado a la reducción en la productividad de las empresas, aumentará el caos económico mundial.

Desde Cybnus, expertos en ciberaseguramiento, realizamos las siguientes recomendaciones básicas para minimizar las consecuencias de los ataques en la medida de lo posible:

• Dotar a los empleados de equipos informáticos gestionados por la empresa.
• Cambiar las contraseñas de acceso de los routers.
• Instalar programas antivirus.
• Instalar programas firewall.
• Aplicar los parches de seguridad de los fabricantes.
• Realizar frecuentes copias de seguridad.
• Para evitar problemas de suplantación de personalidad y secuestro de datos, prestar mucha atención antes de abrir un correo electrónico, comprobar detalladamente la dirección del emisor y en caso de duda no activar enlaces.
• Externalizar el riesgo a través de la contratación de un seguro que cubra los riesgos cibernéticos.

Por Antonio Belda Blanco
Executive Director – Claims Professional Services – AON

1. La problemática sobre el encuadramiento de la responsabilidad contable por alcance en el ámbito del seguro

Las reclamaciones derivadas de las resoluciones del Tribunal de Cuentas por las que se imputa una responsabilidad contable por alcance no está teniendo un tratamiento uniforme por las Aseguradoras, no sólo por el tipo de póliza suscrita, sino en algunas ocasiones por el desconocimiento sobre la regulación de este tipo de responsabilidad, generadora de la obligación de reintegro de los caudales y/o fondos distraídos, y/o mal anotados, y/o mal documentados, que causan un daño al erario público.

Lo anterior se agrava, si cabe, también con motivo de la continua evolución de las coberturas en el ámbito de la responsabilidad civil, cuya especialización, si bien consigue una mayor amplitud de coberturas para una materia específica, a medida que especializamos o segmentamos la misma, se produce también el efecto contrario, esto es: dejar fuera de su alcance todo aquello que no coincida o se identifique con aquella ampliación y/o especialización de cobertura.

Para poder entender mejor el alcance de esta responsabilidad y determinar qué póliza podría cubrir mejor las reclamaciones derivadas de aquella conviene conocer, aunque sea someramente, cuando puede tener lugar una reclamación por responsabilidad contable por alcance.

2. Las funciones del Tribunal de Cuentas. Alternativamente: el alcance de la función de fiscalización

La Constitución Española encomienda al Tribunal de Cuentas dos funciones primordiales: De un lado, la de fiscalización de las cuentas del Estado y del sector público; Y de otro, la de enjuiciamiento derivada de la anterior.

La función de fiscalización tiene por finalidad comprobar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión, usándose para ello técnicas de auditoría que resulten más acordes al fin perseguido, de manera que la fiscalización suele consistir verdaderamente en una auditoría de las cuentas del sector público. Y esta función de fiscalización se realiza de forma reglada y planificada, mediante un programa anual de fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, de manera que cualquier entidad del sector público conoce anticipadamente si va a ser objeto de fiscalización, y con qué alcance, pues el programa aprobado por el Pleno es objeto de publicación oficial.

La actividad de fiscalización no significa, ni representa, que el sector público analizado haya cometido alguna irregularidad, sino sólo y simplemente que dicha Administración y/o Entidad le ha tocado tal año empezar la fiscalización de todo o parte de sus cuentas, o actividades. Esta cuestión es importante destacarla pues los programas se aprueban y notifican a las Administraciones y/o Entidades que van a ser objeto de fiscalización al tiempo de la aprobación del programa, con el ánimo de que se vayan definiendo los instrumentos de colaboración necesarios entre el Tribunal de Cuentas y la Administración fiscalizada, que facilite y agilice con transparencia tal función.

En la práctica, la carga de trabajo existente en el Tribunal es tan abrumadora que es más que probable que la actuación de fiscalización, aunque se apruebe en un año determinado, comience en otro diferente, se refiera a una parte concreta de la actividad a fiscalizar no reciente e, incluso, finalice años más tarde pues son procesos de análisis financieros largos y muchas veces complicados.

Si del resultado de la fiscalización se detectaren infracciones, prácticas irregulares o abusos, el Tribunal de Cuentas debe reflejarlas en el informe de fiscalización, con indicación de la responsabilidad que, a su juicio, se hubiere incurrido y las medidas para exigirlas, dando pie a que se puedan ponerse en curso los procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable que le corresponden a la función de enjuiciamiento.

Y por lo que se refiere a la función de enjuiciamiento contable, esta se pone en marcha cuando de la fiscalización se detectan irregularidades sobre las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen, o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Y esta función de enjuiciamiento es compatible con los procedimientos de naturaleza disciplinaria que pudieran cursarse frente al empleado público infractor, como igualmente con los de carácter penal que se pudieran instar contra los incumplidores, si su actuación pudiera ser constitutiva de infracción penal.

Esta función jurisdiccional, que es de competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, actúa cuando los cuentadantes (quienes tienen que rendir cuentas) con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos, a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector. Y quien por dichas acciones origine el menoscabo a los caudales públicos estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados, pudiendo ser declarado responsable directo o subsidiario, siendo la responsabilidad directa de carácter solidario. Y ambas modalidades de responsabilidad (directa y/o subsidiaria) se transmiten a los causahabientes de los declarados responsables por la aceptación expresa o tácita de la herencia, pero sólo en la cuantía a que ascienda el importe líquido de la misma.

De lo anterior, y a grandes rasgos, se desprende que los sujetos pasivos de esta responsabilidad no quedan restringida solo a los funcionarios del sector público (Administración del Estado; Comunidades Autónomas; Corporaciones Locales; Entidades Gestoras de la Seguridad Social; Organismos Autónomos; Sociedades Estatales y demás Empresas Públicas), sino que también puede abarcar a particulares que administren, recauden o custodien fondos o valores del Estado, o que sean perceptores de subvenciones derivadas de los Presupuestos Generales del Estado, y ya sean estos personas físicas o jurídicas.

De la función jurisdiccional del Tribunal, se pueden derivar tres procedimientos que se arbitran por motivos diferentes y que son: El reintegro por alcance; el juicio de cuentas; y la cancelación de fianzas.

Respecto al reintegro por alcance, a los efectos de la responsabilidad contable se entiendo por el alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación de las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

3. La naturaleza jurídica de la responsabilidad contable por alcance

Desde la órbita de la tramitación de una reclamación por esta responsabilidad ante una Aseguradora el principal problema que se suele plantear es el derivado de la discusión sobre la naturaleza jurídica de la jurisdicción contable. Existe cierto grado de polémica sobre la misma, derivada de la fuente normativa de la que procede esta responsabilidad, en cuanto que en ocasiones se pretende identificar esta responsabilidad como una responsabilidad distinta de la civil y/o de la administrativa, en base a la fuente normativa reguladora de la misma, lo que dificulta en la práctica su encaje en las pólizas de Responsabilidad Civil y/o Responsabilidad Patrimonial.

En mi opinión, la jurisdicción contable opera tanto como una modalidad de la responsabilidad civil, como de la responsabilidad patrimonial, participando de los mismos criterios y fundamentos, ya que su finalidad es la reparación del daño causado. Y esto se pone claramente de manifiesto con la simple comparación, por ejemplo, del artículo 1902 del Código Civil, con el artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, o con lo regulado en el artículo 49.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, e igualmente ha sido reconocido tanto por Resoluciones del Tribunal de Cuentas, como del Tribunal Supremo, que no dudan en reconocer que el procedimiento de responsabilidad contable por alcance viene a exigir una responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a los fondos públicos, de marcado carácter patrimonial y personal.

En ocasiones cuando se han activado pólizas de responsabilidad civil patrimonial para dar cobertura a estas reclamaciones, algunos Aseguradores han rechazado su cobertura bajo el argumento de que la actividad objeto de estos seguros se engloba dentro del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, al amparo del artículo 1902 del Código Civil; o bien de responsabilidad patrimonial, conforme a la regulación contemplada en la Ley del Sector Público y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, sin embargo, el origen de la responsabilidad de reintegro por alcance tiene su propia regulación específica a través de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y su Ley de Funcionamiento, distintas de las anteriores. Esto es, que tienen una fuente normativa diferente, olvidando con ello el fin reparador de esta institución de responsabilidad.

A lo anterior, hemos de sumar, que mientras que en el régimen de la responsabilidad patrimonial el tercero es el perjudicado, por el funcionamiento normal o anormal de la Administración, en cambio, en el ámbito de la responsabilidad contable por alcance, precisamente quien recibe el daño es la propia Administración Pública por actuaciones de un funcionario público, o incluso un particular, no siendo normal en las pólizas de responsabilidad patrimonial otorgar a la Administración además de la condición de Asegurado, también la de tercero, permitiendo la responsabilidad civil cruzada, de ahí que este tipo de reclamaciones no tenga encaje en estas pólizas.

A la hora de buscar la mejor cobertura de este tipo de responsabilidades la encontramos en las pólizas de D&O, en cuanto que acreditada la acción u omisión culpable, su valoración económica y la adecuada relación de causalidad entra la acción y el daño, no cabe duda que la derivación de responsabilidad por alcance, como indica la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se produce por un saldo deudor injustificado, o la ausencia de numerario o de justificación de las cuentas, fiel reflejo de un comportamiento contrario a la ley, siendo un claro ejemplo de inobservancia u omisión de la diligencia debida, aunque como todos conocemos las coberturas de D&O no operan de forma automática, sino que normalmente se activan después de un pormenorizado análisis por las Aseguradoras de los supuestos de hecho de los que se deriva la responsabilidad.

Por Julio Fernández García, Product Owner de everis Finbow y Consejero del Centro de Excelencia de Previsión Social

La longevidad, vinculándola a la esperanza de vida, presenta un incremento significativo y constante desde hace más de un siglo en prácticamente todas las regiones del mundo, lo que está provocando que sea el gran reto de la humanidad en el siglo XXI.

El envejecimiento poblacional está condicionado por tres fenómenos demográficos. En primer lugar, la generación del baby boom, nacida tras la Segunda Guerra Mundial, los cuales están alcanzando la edad de jubilación. En segundo lugar, la tasa de natalidad, la cual presenta crecimientos negativos progresivos durante las últimas décadas. Por último, la esperanza de vida, proyectando una sólida senda de crecimiento.

España, afortunadamente, cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del planeta; por el contrario, nos diferenciamos por tener una tasa de natalidad muy baja y por el retraso en el aterrizaje de la generación del baby boom, lo que provocará que será a mediados de la próxima década cuando dicha generación vaya alcanzando la edad de retiro.

Es incuestionable que la longevidad es uno de los mayores logros del ser humano, ahora bien, no es menos cierto que puede provocar consecuencias irreversibles sino afrontamos ciertos cambios en el entorno social y económico. Este nuevo paradigma demográfico condicionará el entorno macroeconómico durante las próximas décadas, teniendo consecuencias directas sobre el Estado del Bienestar, más concretamente, en los sistemas públicos de pensiones, en el gasto sanitario y en la situación de dependencia.

Vivir más años requiere un rediseño fundamental de la vida y una reestructuración del tiempo para que no afecte a la estabilidad financiera, tanto pública como privada. Es por ello por lo que los países desarrollados han introducido a lo largo del tiempo diferentes reformas en sus sistemas de pensiones basados en factores de sostenibilidad con el fin de cubrir el riesgo de la longevidad, aunque, hoy en día, se antojan insuficientes.

¿Cómo conseguir que el dinero dure toda la vida?, teniendo en cuenta que cada día vivimos dos horas más proyectando a vidas centenarias. 

¿Tendremos la capacidad de nivelar la esperanza de vida real a la esperanza de vida financiera?

¿Podremos nivelar el gasto con el ingreso en la etapa de retiro, jubilación o des acumulación?

Son tres cuestiones que empiezan a relacionarse a la primera pandemia del siglo XXI: “El Coronavirus”.

El coronavirus COVID-19b, a 30 de marzo de 2020, supera los 723.000 casos de contagio en varios países del mundo, la inmensa mayoría en EEUU e Italia. La cifra de fallecidos en todo el mundo supera los 33.000 y la de tratados los 151.000. Fuera de China se han confirmado casos en de 191 países, más de la mitad de los casos contabilizados, actualmente, se sitúan en Europa: Italia es el segundo país más afectado del mundo y España, el cuarto con más de 80.000 positivos.

Hoy en día se mantienen las investigaciones por parte de los científicos con el fin de detectar el origen de esta enfermedad o de dónde proviene. La incertidumbre y la ingente cantidad de información acerca del virus, han ido generando un caldo de cultivo propicio para la creación de suposiciones, conjeturas y teorías conspirativas. 

Estas “especulaciones” argumentan que tres de los países más afectados están viviendo situaciones similares para con sus sistemas públicos de pensiones y su estado del bienestar. Los tres (China, Italia y España) tienen un riesgo de longevidad muy similar, atraviesan momentos de inestabilidad o incertidumbre en sus sistemas públicos de pensiones y tienen prácticamente la misma esperanza media de vida (en torno a los 83 años).  

Acompaño diferentes titulares publicados recientemente en relación a estos sistemas públicos de pensiones: “el principal fondo de reserva para pensiones de China se quedará sin dinero en 2035 debido a la paulatina pérdida de población en edad de trabajar, según un estudio citado por el diario hongkonés South China Morning Post el pasado ejercicio”; “el presidente del Instituto Nacional de Previsión Social de Italia (INPS), Tito Boeri, calcula que la reforma costará 20.000 millones de euros y creará un agujero en el sistema de pensiones de 85.000 millones”; “Bruselas lanza un serio aviso a España: las pensiones son insostenibles”.

Como ya ocurrió con otras epidemias, y también en España (Zika), hay suposiciones que puede tratarse de un arma biológica diseñada para acabar con cierto porcentaje de la población siendo su objetivo alcanzar un equilibrio. 

Lo que es indiscutible es que el sistema público de pensiones español se enfrenta, como los del resto de los países desarrollados, a retos importantes causados por la expectativa de un aumento significativo de la longevidad por lo que se tendrán que ejecutar reformas estructurales. Para ello y con el fin de alcanzar consenso es necesario que todos los actores del mercado se pongan de acuerdo perdiendo parte de sus derechos: políticos, agentes sociales, cotizantes y pensionistas.