La correduría Arrenta ha analizado las medidas tomadas por el Gobierno para el alquiler y cree que «son poco prácticas y no favorecen el acuerdo generalizado entre los propietarios o arrendadores e inquilinos afectados por los efectos del coronavirus para rebajar las rentas en los próximos meses. Medida más eficaz para evitar el máximo daño económico en la sociedad», según Mercedes Robles, directora general de Arrenta.

Arrenta llega a las siguientes conclusiones:

Complejidad de gestión de los microcréditos y peligro de ineficacia

Respecto a la línea ICO de microcréditos sin intereses, ni comisiones a devolver en seis años es una medida muy complicada de gestionar. Existe el peligro de que los arrendadores acaben teniendo problemas para cobrar las rentas. Podría producirse por ejemplo que se pidieran 500.000 microcréditos con la consiguiente complicación de gestión y una demora en que el dinero llegue a sus destinatarios. Además, hay que controlar que los microcréditos se utilicen para el pago de rentas y no se destinen a otra cosa por la ausencia de desahucios. Arrenta considera que esta medida no fomenta la solidaridad de los arrendadores que, en mucho casos, están ofreciendo rebajas o moratorias a los inquilinos. Según Mercedes Robles, directora general de Arrenta , No parece razonable que todas las medidas conduzca al cobro íntegro de las rentas cuando los mismos arrendadores, particulares y tenedores están ofreciendo acuerdos a los inquilinos lo que evitaría que tuviesen que acudir a microcréditos. Si el gobierno incentivase con bonificaciones fiscales a los arrendadores habría muchos más acuerdos que evitaría tirar de fondos públicos o microcréditos”.

Suspensión de desahucios por seis meses impulsa el impago generalizado

La suspensión de desahucios por impago durante seis meses a partir de que se levante el estado de alarma es “una llamada al impago y deberá de gestionarse correctamente”, según Arrenta. También falta por definir correctamente el concepto de familia vulnerable. Arrenta recuerda las medidas deberían ser proporcionales ya que los ERTES implican, como regla general, que los afectados cobren el 70% de la base de regulación. Hay que buscar fórmulas de ayuda a PYMES y autónomos para que los ERTE sean lo menos largo posible.

Las medidas que afectan a los grandes tenedores deben de ajustarse y ser proporcionales

Respecto la quita de la deuda del 50 por ciento si no hay acuerdo entre las partes después de la moratoria de cuatro meses para los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad de grandes tenedores (a partir de ocho inmuebles) y Fondos de Inversión, desde Arrenta se explica que carecen de proporcionalidad: “por ejemplo, en caso de que el inquilino cobre el 70 por ciento de la base reguladora en caso de ERTE o en los casos de condonaciones de renta anunciada por muchos tenedores con anterioridad a la medida”.