Por Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel

Aprovecho el día de San Ignacio para escribir unas líneas que espero sean leídas por los CEOs y demás responsables de las aseguradoras de Salud y grupos hospitalarios en un escenario de conflicto que como advertimos se ha gestado en Sevilla y se extenderá al resto de provincias.

Nadie duda que el actual modelo de nuestro sistema sanitario privado concertado está agotado, por culpa del divorcio entre los médicos y las compañías aseguradoras, que han buscado solo su beneficio sin aceptar ningún tipo de diálogo. Desde la Asamblea de la Vocalias de ejercicio libre celebrada con motivo del Congreso de Medicina privada de Sevilla en el otoño de 2019, en la que se decidió la constitución de la Asociación Union Medica Profesional, Unipromel para que nos representara en una mesa de negociación con los grandes actores económicos que se han apropiado de nuestro sector y han secuestrado a nuestros clientes potenciales mediante la oferta de servicios médicos en vez de limitarse a su objeto social, la comercialización de seguros de Salud, lo que ha pervertido la relación medico-paciente libre sometiéndolos al poder económico que les otorga ser los administradores de la provisión económica.

Por si fuera poco, desde hace 10 o 12 años se ha producido una necesaria renovación de nuestra infraestructura hospitalaria privada que en vez de ponerse al servicio de médicos y pacientes, aprovecha su posición de fuerza y se prevalece en el mercado sanitario privado con su propia oferta de servicios médicos, compitiendo de forma desleal con los que deberían ser sus clientes, los médicos, y apropiándose también de sus clientes, nuestros pacientes.

Este entramado de intereses donde conviven las aseguradoras con su patronal Unespa y los Hospitales con la suya, ASPE, parece que exigía la aparición de una patronal de los médicos que es el espacio que pretende ocupar Unipromel.

Estos poderosos actores económicos en vez de ver en Unipromel un agente necesario para poder negociar la tan necesaria reforma del modelo, se han empeñado en que no tengamos éxito para continuar con su política de dominación del sector sin contar ni con médicos ni con los pacientes, actores necesarios y principales que ven como la únicas mesas donde se decide el futuro del sector son las de Unespa y ASPE o la mucho más explícita de Fundación IDIS.

En ese difícil nacimiento de una gran asociación profesional y patronal de los medicos, asistimos en 2020 a la pandemia por Covid, que hubiera sido un punto de partida para la reflexión y para iniciar ese diálogo y construir todos juntos un nuevo modelo, pero no, los que mandan en el sector siguieron ignorando nuestra oferta de negociación expresada además por la propia OMC y muchos Colegios y Sociedades científicas.

Los poderosos siempre cometen los mismos errores, ya paso con la banca cuando no quiso reconocer la amenaza de los clientes que pedían la eliminación de las famosas cláusulas suelo, y ahora ocurre lo mismo, no se dan cuenta que toda su estructura se basa en unos supuestos contratos de prestación o arrendamiento de servicios y de imposición de unos baremos que son papel mojado en el momento que el tsunami médico se produzca con el abandono y denuncia masiva de contratos, que llevará de forma muy dramática y dolorosa un cambio de modelo drástico y situando a cada actor en su sitio, los médicos y los pacientes libres y soberanos en relación directa y pactando el precio de su atención y las aseguradoras peritando y pagando los gastos generados, y probablemente pactando con los hospitales una cartera de procesos que en ningún caso incluyan los honorarios médicos.

Si las aseguradoras buscan la complicidad de estos hospitales privados y les obligan a aceptar un precio por proceso, solo estarán trasladándoles el riesgo y el conflicto, que será con sus médicos, lo que sin duda tensionará hasta extremos insospechados el sector, con la intervención de la inspección laboral por situaciones de autónomos falsos y dependientes, de Hacienda por la desviación de rendimientos profesionales a empresariales y de la inspección de Sanidad por la obligación a cumplir con los ratios exigidos a los centros públicos y el endurecimiento de las autorizaciones de funcionamiento.

Por tanto, dando por hecho que los grupos hospitalarios no se van a dejar engañar por la oferta de pago por proceso que ya se ha puesto encima de la mesa como alternativa, solo queda volver a insistir en una gran mesa de diálogo con la supervisión de la OMC y de los organismos públicos reguladores, donde los actores reconozcan su independencia y respeten la soberanía del otro, sin invadirlo ni dominarlo, en un modelo que debe respetar por encima de todo la relación Medico-Paciente para que sea excelente y esté bien financiada, sometida a las normas de transparencia y de buenas prácticas que el sector debe dotarse a la mayor brevedad posible porque la alternativa puede ser el abandono masivo de los cuadros médicos y el pago directo del paciente con posterior reembolso de gastos por parte de la compañía, con cientos de miles de reclamaciones en la DGS y en la autoridad de consumo, que acabarán en miles de procedimientos monitorios en los juzgados y solo beneficiará a otras profesión liberal, la de los abogados que verán como las demandas contra los bancos por esas cláusulas abusivas languidecen y son sustituidas por las demandas de los asegurados, que ante la ruptura de relaciones de sus médicos con sus compañías solo les quede la opción de pagar sus honorarios y luego reclamar, lo que con más de 11 millones de pólizas y otras 2 de conciertos con los mutualistas del Estado, va a ser el tsunami que llevamos años anunciando.