Adecose ha reunido en su sesión semanal de webinars a Flavia Rodríguez-Ponga, directora general del CCS, y Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del CCS. Durante la sesión, moderada por Martín Navaz, presidente de Adecose, los dos ponentes han trasladado cómo están actuando ante la crisis del Covid-19 y las medidas puestas en marcha desde el CCS.

Flavia Rodríguez-Ponga comenzó su intervención destacando “la gran capacidad de adaptación al teletrabajo, gracias a la disposición de sus trabajadores y del departamento de sistemas y TIC, en el que se estaba trabajando el proceso de digitalización que ahora se ha puesto en valor”. Gracias a esta adaptación, en el mes de abril el número de expedientes resueltos por el CCS ha sido el mismo que en meses anteriores.

Por su parte, Alejandro Izuzquiza remarcó la complicada situación de siniestralidad en el que el CCS se encontraba cuando se impuso el Estado del Alarma: “el teletrabajo ha llegado en un momento en el que quedaban los siniestros más complejos, derivados de la DANA, de la borrasca Gloria y de las constantes inundaciones y tempestades producidas desde agosto a diciembre de 2019, que han sumado 110.000 siniestros”.

En este difícil contexto, la adaptación al teletrabajo y a la teleperitación ha sido un éxito rotundo, pues se ha podido partir de procedimientos basados ya desde hace tiempo en la digitalización. Así, las recientes inundaciones de la costa de Castellón en abril, que han supuesto 2.000 siniestros, se están tramitando y peritando íntegramente y desde el primer día en remoto. A pesar de dificultades derivadas, en algunos casos, de tratarse de segundas residencias de los asegurados, a las que no se podían desplazar para la teleperitación, el CCS ha conseguido resolver hasta el momento el 30% de los siniestros. A partir de la próxima semana, el CCS valora retomar las peritaciones presenciales con las necesarias cautelas.

También trasladaron las iniciativas sectoriales que ha llevado a cabo el CCS, como las facilidades de pago temporales a las aseguradoras mediante la Resolución de la Presidencia del CCS. A este respecto, Rodríguez-Ponga afirmó que “para que se pague el siniestro tiene que haberse pagado la prima. Esta resolución declara que, con carácter excepcional, no será causa de rechazo del pago de indemnización por parte del CCS mientras continúe el Estado de Alarma y un mes después”. En cuanto a la preocupación sobre la temporalidad de la medida, constata que “esta resolución abarca todas las pólizas que se renuevan durante el plazo del transcurso del mes a partir del Estado de Alarma”.

Izuzquiza hizo hincapié en la excepcionalidad de la norma, en la que van a convivir los aplazamientos y retrasos de pagos derivados de esta situación con los retrasos tradicionales de pagos de los asegurados. Para resolver las dudas que en la práctica se puedan suscitar, el CCS podrá solicitar la ayuda de la red de interlocutores designados por parte de las entidades aseguradoras en casos anteriores de grandes TCA y de la borrasca Gloria que confirmen que el aplazamiento ha sido concedido por la entidad debido a la situación derivada del Estado de Alarma.

Otra de sus iniciativas ha sido la medida de liquidez a las entidades de crédito mediante la aprobación de un Real Decreto-Ley que garantice la continuidad del desarrollo de las transacciones económicas y aporte seguridad a las operaciones comerciales. Esta medida también trata de reforzar el seguro de crédito para que haya una garantía de cobro en las ventas. Desde el CCS aseguran que la aprobación de este Real Decreto está muy avanzada, ya que solo falta conocer la respuesta de Europa.

Por otro lado, valoraron la actividad general del CCS, en el que ha habido ratios de siniestralidad que han sido mucho mayores con respecto a otros años. La DANA de septiembre supuso 460 millones de euros para el CCS, seguidos de más inundaciones y de la borrasca Gloria, a las que se destinaron 260 millones de euros. Izuzquiza confirmó la proliferación durante todas las épocas del año de acontecimientos de siniestros severos, por lo que la facturación del CCS de 800 millones de euros podría no ser tan elevada teniendo en cuenta los riesgos que cubre.

Por último, en cuanto al futuro y conclusiones del sector tras el Covid-19, para Rodríguez-Ponga “se trata de una pandemia que no se podía contemplar dentro de una previsión, a pesar de que el sector es muy calculador”.  Para Izuzquiza, “el seguro es una institución clave para el resarcimiento de los daños, pero no se puede hacer demagogia y pensar que cualquier aspecto tiene que estar resuelto mediante el seguro”. Por ello, plantea una cobertura técnica con limitaciones, que esté prevista en la legislación, para lo que deben trabajar junto con los corredores de seguros y las entidades aseguradoras.