Tal y como recoge el diario Expansión, ha sido desestimada la demanda que había presentado Willis Towers Watson contra Jaime Castellanos, antiguo presidente; Antón Serrats, ex vicepresidente; y Alberto Gallego Gallego, anteriormente consejero delegado. Así lo ha decidido el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid en una sentencia de 15 de junio, que deja claro que no hubo competencia desleal tras la marcha de estos profesionales para formalizar la creación de la correduría de seguros Asterra.

De acuerdo al juez Andrés Sánchez Magro, no queda suficientemente acreditado que los antiguos directivos de Willis propiciaran la salida de empleados de la firma, dado que esta práctica «forma parte del libre juego de la oferta y demanda de trabajo en el seno del mercado laboral». De hecho, indica que Willis “fue incapaz de retener el talento”. Esta era una de las principales acusaciones de Willis, que afirmaba que se había pergeñado un plan durante meses, el Proyecto Augusta, para crear la nueva correduría y propiciar la marcha de los profesionales más valiosos con puestos estratégicos, y que se contabilizan en alrededor de unos 70.

El juez tampoco ha tenido demasiado en cuenta los correos electrónicos aportados por Willis, dado que “no se puede apreciar que este correo es el que haya dado lugar al proyecto empresarial iniciado por los codemandados una vez dimitieron de sus puestos en Willis. Tampoco puede apreciarse que en este documento se concurra frente a Willis o se obtenga una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de normas». Del mismo modo, echa para atrás el supuesto uso de información privilegiada, aseverando que «hacer uso del listado de clientes no puede considerarse como secreto profesional si este listado ha sido obtenido o conocido en el ejercicio de actividad profesional», por lo que no se ha producido una violación de secretos empresariales.

Fuentes de Willis han mostrado a Expansión «su total desacuerdo con esta decisión judicial y están analizando posibles nuevas acciones judiciales ya que creen que se vulneraron las reglas de mercado». De hecho, la sentencia no es firme y puede ejercerse un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.