La Jornada OESA (Observatorio Español de Seguro del Alquiler) ha reunido a representantes del PP, el PSOE y el sector promotor privado, que han coincidido en señalar el estímulo de la oferta como la principal vía para afrontar el problema de la vivienda en España. El debate se ha celebrado en plena escalada de la crisis residencial, con movilizaciones en las principales ciudades españolas y a las puertas de la votación de los dos reales decretos tramitados por la vía de urgencia por el Gobierno.

Durante la mesa se ha planteado la necesidad de acelerar la construcción de vivienda hasta alcanzar, según el diagnóstico compartido durante la jornada, un volumen aproximado de un millón de nuevas viviendas. El consenso sobre la necesidad de incrementar la oferta no ha ocultado, sin embargo, las diferencias sobre la forma de conseguirlo: mientras el PSOE ha defendido el impulso de la vivienda asequible y el uso de herramientas de intervención en el mercado, el PP ha apostado por una construcción generalizada y por mantener la liberalización del sector. Según esta posición, la promoción de viviendas de alto nivel también contribuye a dinamizar la oferta en el conjunto del mercado.

El presidente de OESA, Javier Íscar, ha insistido en que la solución al problema de la vivienda exige una sintonía plena entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado. A su juicio, “sólo una actuación coordinada de todas las administraciones permitirá ofrecer respuestas eficaces y estables a un mercado que necesita seguridad jurídica, planificación y una visión compartida a largo plazo”. Íscar ha vuelto a defender la necesidad de alcanzar un gran Pacto de Estado por la Vivienda que reúna a todas las administraciones públicas y al sector privado en torno a la búsqueda de soluciones concretas para el principal problema al que se enfrenta nuestro país.

Íscar también ha subrayado que la respuesta debe abordar tanto los problemas inmediatos como los retos estructurales. En el corto plazo, ha defendido la puesta en marcha de medidas capaces de prevenir y resolver situaciones difíciles o de imposibilidad de acceso a la vivienda para las personas y familias más vulnerables. Al mismo tiempo, ha considerado imprescindible adoptar medidas a medio y largo plazo que permitan aumentar la oferta en todas sus modalidades: vivienda libre, vivienda asequible, vivienda de protección oficial y vivienda social. Para el presidente de OESA, el Pacto de Estado resulta esencial para garantizar la continuidad de estas políticas y evitar que las soluciones se interrumpan o cambien cada cuatro años.

Para el PSOE, la intervención del mercado inmobiliario, impulsada por la movilización social, forma parte de la solución a la crisis de la vivienda, según ha explicado Ignasi Conesa, portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso de los Diputados. Conesa ha defendido la validez y eficacia de la Ley de Vivienda y de su aplicación en las comunidades autónomas que han establecido topes de precios, como es el caso de Catalunya.

Miguel Ángel Sastre, portavoz adjunto de Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, ha defendido que la intervención del mercado inmobiliario genera un efecto negativo y puede producir consecuencias contrarias al objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Como ejemplo, ha señalado el caso de Portugal, que, según ha explicado, está avanzando en una dirección diferente, alejándose de este tipo de medidas y apostando por fórmulas orientadas a estimular la oferta.

Desde el sector promotor privado, Jorge Ginés, director general de Asprima, se ha mostrado muy crítico con la intervención de las distintas administraciones públicas y, en particular, con la falta de coordinación entre los diferentes ministerios. Ginés ha señalado que uno de los principales efectos de los reales decretos sería la reducción de la oferta de vivienda, con un perjuicio notable precisamente para los colectivos que afrontan mayores dificultades de acceso.