El Observatorio Español del Seguro de Alquiler ha organizado un encuentro profesional por videoconferencia para analizar la situación del mercado del alquiler ante la crisis del coronavirus y las medidas adoptadas por el Estado. Javier Íscar de Hoyos, presidente del Observatorio, ha iniciado el evento recordando que “el número de hogares que hay en régimen de alquiler en España ronda el 20% del total, alrededor de 3,5 millones, con un gran peso de los particulares”. Además, ha señalado que “cada vez un mayor número de propietarios que no habían tenido antes incidencias están suscribiendo seguros de impago debido a la incertidumbre que hay”.

A pesar de ello, Íscar ha resaltado que, entre los aspectos positivos registrados en esta crisis es que “la iniciativa privada ha dado un paso adelante logrando formalizar acuerdos que están impidiendo que se produzcan demasiados siniestros”. También ha subrayado que hay un número creciente de entidades que están adaptando sus seguros de impago para que los propietarios puedan realizar moratoria en el cobro de los alquileres.

Junto a Íscar, ha moderado la conferencia José Ramón Couso, director general corporativo de Ceca Magan Abogados, quien ha comentado que “existe una amplia necesidad de dar respuesta a todas las dudas que han surgido en materia de arrendamiento como consecuencia del momento actual”, y que afectan, por ejemplo, a los seguros de impago. Todo ello a pesar de la publicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, dado que “se están produciendo situaciones novedosas que hay que intentar entender”. A este respecto, ha resaltado que se están incrementando las suspensiones de desahucios, moratorias de deuda o aplazamientos en los pagos de hipotecas, lo que revela que “las entidades aseguradoras están afrontando problemas y retos tan inesperados como excepcionales”.

Una mayor concreción

Por su parte, Nicolás Díaz Saldaña, ceo de Témpore Properties Socimi, ha comenzado su exposición citando que “nos encontramos en una situación muy difícil de prever y en la que resultará complicado visualizar cómo se volverá a la normalidad en el futuro”. Una coyuntura en la que ha querido subrayar que “las pymes son particularmente vulnerables, puesto que dan empleo a casi el 85% de la masa laboral del país”.

Por este último motivo, Díaz es de la opinión de que “nos vamos a encontrar en una situación económicamente crítica en el corto plazo pero donde si se toman medidas adecuadas cuanto antes la salida será más rápida”. En este contexto, ha comentado que “el impacto de la crisis en el sector inmobiliario patrimonialista ha sido inmediato”, tanto en oficinas como centros comerciales o activos en manos de familias. En este sentido, las peticiones de sus clientes más habituales que han recibido a lo largo de las últimas semanas tienen que ver con la renegociacion de contratos de alquiler, la reducción de las rentas e ingresos, y las ayudas sobre medidas legislativas a las que poder acogerse.

Sobre el Real Decreto-ley 11/2020, Díaz ha afirmado que “aunque ayuda al sector en algunos aspectos, lo más importante es la serie de medidas que muchos ya habíamos puesto en marcha antes”. Para él, es muy importante que el texto legal defina el concepto de vulnerabilidad económica y social, “lo que, por ejemplo, ayuda a saber la documentación que un inquilino debe aportar si se ha visto afectado por un ERTE”.

Finalmente, ha querido señalar que “desde el sector se está esperando una mejor concreción” sobre la posibilidad que plantea el documento de que la banca pueda ofrecer microcréditos para poder hacer frente a los pagos, y que, por el momento, se ha reflejado en una Orden Ministerial recientemente publicada y destinada a las Comunidades Autónomas.