Siguiendo con el planteamiento de informar y asesorar a los secretarios, interventores, tesoreros y departamentos de contratación de Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas Públicas, Grupo PACC, junto con la Universidad Loyola y Cosital, han realizado su tercera jornada formativa sobre la Ley de Contrato del Sector Público en Málaga.

Al acto celebrado el pasado día 12 de noviembre en Salón de Actos del Instituto de Estudios Portuarios de Málaga, ha contado con la asistencia de más de 120 personas.

Jose de Vicente, presidente de Cosital Málaga, ha sido el encargado de la apertura el acto. Las jornadas han contado con la participación de  María Soledad Gamo, magistrada de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Miguel Ángel Pareja, doctor en derecho, juez decano y titular del juzgado de lo penal Nº3 de Córdoba y Javier Gardón, abogado del despacho Ponce de Leon & Abogados, especialista en Derecho Público.

Por último, Francisco Illescas, Consejero Delegado de Grupo PACC, fue la persona encargada de cerrar el acto.

Grupo PACC, como correduría especializada en el Sector Público, ha desarrollado la jornada con el objeto de ofrecer un valor añadido a estas Administraciones y Empresas Públicas.

Los temas tratados han sido los siguientes:

• LCSP: Clases de contrato, preparación y adjudicación, la importancia de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas y controles sobre la contratación pública.
• Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial.
• Derecho Penal ante Ilícitos en materia de Contratación Administrativa

Una nueva ley que prioriza en la integridad, transparencia, igualdad y competencia

La nueva ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y es fruto de la obligación de transposición de las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, encontrándose entre los principios fundamentales de esta nueva ley de contratos del sector público: integridad, transparencia, igualdad y competencia.

Entre las novedades más destacadas está la lucha contra la corrupción con medidas como la modificación de la configuración de las mesas de contratación pasando a ser consideradas como órganos técnicos independientes o la modificación de los contratos menores tanto en límite cuantitativo como en procedimiento. También se simplifican los procedimientos de contratación pública y se apuesta por la innovación e implantación de medios telemáticos/electrónicos, entre otros puntos.