Howden prevé que las tasas de las primas de D&O se estabilicen en el segundo semestre
Howden prevé que la bajada de las tasas de las primas se frene y se estabilicen durante el segundo semestre de 2023, según explica en su informe ‘Navegando con el viento en contra’, en el que analiza cómo se ha comportado el ramo en 2022 y ofrece las perspectivas del mercado para los próximos meses a nivel mundial.
Los autores del mismo opinan que, «si los retos macroeconómicos, la guerra en Ucrania y las presiones inflacionistas continúan durante el resto del año, veremos hecho realidad el esperado aumento de las insolvencias y de las reclamaciones, lo que llevaría a una paralización de las tasas en el segundo semestre».
Respecto a lo ocurrido en 2022, Howden ha observado que las tasas medias de prima bajaron más lentamente de lo esperado y que existen diferencias significativas entre empresas cotizadas y no cotizadas. Mientras las primas de estas últimas se mantienen estables y apenas se reducen, en las cotizadas los descuentos fueron de entre el 20 y el 30%, «algo que ha llevado a la sensación de una caída drástica en el mercado». A lo que hay que añadir, según el informe, que «hemos asistido a una dura competencia en las pólizas de excesos de D&O, que ha alimentado la reducción de primas también en las pólizas primarias, ya que las aseguradoras tratan de fijar primas más bajas en los programas para mantener los niveles de primas que tenían en 2021».
En cuanto a la situación del mercado en 2023, el documento pone de relieve que precios, cobertura y siniestros se ven afectados por la inflación y la recesión económica.
Respecto a la inflación, destaca que aumenta los gastos de los siniestros, pues la siniestralidad en el ramo es long tail, es decir, que la resolución de los siniestros puede durar muchos años. Esto significa que “los siniestros generados hace 10 años están provisionados a unos gastos de gestión y honorarios de hace 10 años, por lo que, en el momento de resolución final, la inflación impacta considerablemente en el coste total”.
Además, señala la importancia de aspectos relacionados con la recesión económica como el aumento de los tipos de interés, el fin de la deuda barata y las insolvencias empresariales. «Es razonable suponer que las actividades de los consejeros y directivos serán examinadas de cerca por los especialistas en insolvencias. Para los administradores de empresas que se declaran insolventes, una cuestión clave es cómo se gestionó el negocio en el periodo en que la insolvencia era inminente, que es cuando los administradores tienen el deber de considerar la posición de los acreedores”, apunta. A lo que añade que, “en el actual entorno inflacionista, puede haber empresas que se hayan endeudado más para sobrevivir a la pandemia del Covid 19. Cuando las empresas quiebran y tienen deudas importantes con sus acreedores, la conducta de los administradores pasa a estar en el foco».
Otro motivo de preocupación en el mercado mundial de D&O es el aumento de las demandas y reclamaciones contra las SPAC (empresas que sale a cotizar a bolsa con el objetivo de captar dinero para comprar una compañía), según Howden.
El informe refleja también que en 2023 se ha producido una estabilidad de la capacidad tras el crecimiento continuado de los años 2022 y 2023. El motivo, la preocupación por el impacto de factores adversos como la inflación, la crisis energética, el estancamiento económico y el aumento de la siniestralidad y gastos.
Por otra parte, advierte de un aumento de las reclamaciones contra los consejeros y directivos debido a una mayor responsabilidad de estos por motivos de ESG. Concretamente, explica que «cada vez se presentan más reclamaciones contra los directivos por divulgaciones engañosas sobre estos aspectos y, sobre todo, por Greenwashing». Asimismo, comenta que continúa la preocupación de los consejos de administración de las empresas por los ataques cibernéticos y las filtraciones de datos, que lleva ya muchos años. Y agrega que se prevé, igualmente, que la nueva directiva europea Whistleblower (que obliga a proteger a quienes denuncien infracciones o irregularidades en una organización a través de un canal específico) provoque un mayor número de reclamaciones contra directivos.