Instituto Santalucía ha presentado el informe “Análisis de algunos efectos económicos de la inmigración en España”, publicado por Raquel Carrasco, catedrática del departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa de la Universidad Complutense de Madrid.

Según este informe, la inmigración se ha consolidado como un factor estructural de la demografía y de la economía españolas en la última década y ha contribuido de forma relevante al crecimiento reciente. Además, el informe concluye que no se observan efectos negativos significativos sobre el empleo y salario de los trabajadores nativos en promedio; y que la regularización puede aumentar la formalidad y la recaudación. Sin embargo, el informe apunta a diferentes estudios que concluyen que el ajuste en el empleo nativo puede provocar la movilidad interna, especialmente, entre jóvenes nativos con menor cualificación.

El informe añade que, aunque el balance medio no sea negativo para los nativos, existen colectivos con mayor exposición a la competencia directa, especialmente trabajadores jóvenes con menor cualificación en ocupaciones similares, de ahí la conveniencia de acompañar la política migratoria con políticas activas y redes de apoyo como pueden ser más formación acreditada, apoyo a la movilidad territorial, orientación e información.

“La pregunta clave no es ‘inmigración sí o no’, sino ‘cómo la gestionamos’. Si fortalecemos la integración rápida y equitativa y dimensionamos vivienda, servicios y políticas de empleo, los beneficios económicos pueden repartirse mejor y reducir tensiones sociales”, señala José Manuel Jiménez, director de Instituto Santalucía.

Las políticas con mayor potencial de retorno son las que aceleran la inserción formal y la progresión ocupacional, limitan la economía sumergida y refuerzan la capacidad de absorción de los territorios receptores (en particular en vivienda y servicios), según se concluye en el informe.

Entre los retos que destaca el estudio para las políticas de inmigración se encuentran la necesidad de realizar una homologación ágil de las cualificaciones, poner en marcha mecanismos de transición laboral para los nativos que más directamente compiten y avanzar en una mayor coordinación con la Unión Europea.

Contribución a través del empleo

De acuerdo con el estudio, desde una perspectiva macroeconómica, la inmigración afecta principalmente a la oferta de trabajo, lo que tiene efectos indirectos sobre el crecimiento potencial, especialización sectorial y reasignación ocupacional. Funcas, en su monográfico sobre inmigración publicado en 2026, estima que la incorporación de fuerza laboral extranjera explica aproximadamente el 47% (4,2 puntos) del crecimiento acumulado del PIB entre 2022 y 2025.

Impacto fiscal

El informe concluye que el impacto fiscal de la inmigración tiende a ser, en promedio, “modesto”: es decir, cuando se compara la aportación a los ingresos públicos con gasto y prestaciones, el saldo resultante suele ser relativamente pequeño en término medio (ni un gran coste ni un gran superávit).

Aun así, el informe subraya que ese promedio oculta una elevada heterogeneidad: el saldo fiscal varía con la edad, la situación laboral, el nivel salarial, la composición familiar y el acceso efectivo a prestaciones. Por eso, destaca que la integración laboral temprana y en empleo formal es una palanca clave para que la contribución fiscal sea más favorable.

Formalidad y recaudación

Según el Instituto Santalucía, en España, el episodio más estudiado es la regularización de 2005, en la que se concedieron permisos de trabajo a alrededor de 600.000 inmigrantes no comunitarios ya residentes. Según recoge el informe, un trabajo de Elías, Monras y Vázquez-Grenno (2025) concluye que no se encontró evidencia de “efecto llamada” a corto plazo (la regularización no se asocia a un aumento posterior de inmigración irregular atribuible a la política); el aumento de empleo formal de los inmigrantes creció tras la regularización; no se detectaron efectos negativos sobre el empleo formal de los nativos y, además, se documentó una reducción de la informalidad también entre nativos de baja cualificación. Por otro lado, la recaudación aumentó de forma sustancial, con un incremento estimado de unos 4.000 euros por inmigrante regularizado, sin evidencia de un aumento del gasto público asociado en el margen considerado.

Inmigración y uso de servicios sanitarios

La evidencia que recoge el informe a partir de encuestas de salud en España (incluida la Encuesta Nacional de Salud) sugiere que la población inmigrante presenta un uso similar o ligeramente menor de atención primaria en comparación con la población nativa (una vez se tiene en cuenta el perfil demográfico), mientras que el uso de atención especializada tiende a ser menor. En urgencias, varios estudios encuentran un uso relativamente mayor en algunos colectivos y contextos, y en hospitalización los resultados son heterogéneos, por lo que no se plantea una conclusión única.

El informe interpreta este patrón como consistente con la existencia de barreras de acceso (administrativas, culturales o de información) que dificultan más la atención programada (especializada) y, en algunos casos, desplazan demanda hacia urgencias.

Delincuencia

España no se caracteriza por niveles especialmente altos de criminalidad violenta en comparación con otros países de la UE (por ejemplo, en homicidios). El informe explica que, durante los años de fuerte inmigración, la evidencia para España no respalda una relación mecánica del tipo “más inmigración implica más delincuencia” a nivel agregado. Estudios para el periodo 1999–2007 encuentran que el fuerte aumento de población inmigrante no se tradujo en un incremento proporcional de la delincuencia, una vez se consideran factores de composición y contexto, según un trabajo de Alonso Borrego en 2009.