La Mutua de la Abogacía ha organizado el III Encuentro Económico-Asegurador que ha contado, entre otras, con la presencia de la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, que ha subrayado que “un regulador inteligente” tiene que conectar con los grandes objetivos económicos de la sociedad como, por ejemplo, “con los siete millones de españoles de están ahorrando sin riesgo de pérdida”. En su opinión, desde la Administración “deben ser conscientes de cuál es la función social de los productos de ahorro y plantearse cómo seguir garantizándola, sin erosionar el mandato fundamental de todo mercado asegurador, que es la solvencia”.

De acuerdo a González de Frutos, “el sector asegurador tiene toda la voluntad para favorecer los planes sociales de empleo, pero sólo no puede”. En este sentido, el Gobierno “debe fomentar la transparencia máxima para que así cada ciudadano tenga consciencia de lo que debe ahorrar para la jubilación”, mientras, en paralelo, “impulsa el desarrollo del segundo pilar de modelo de previsión siguiendo algunos de los ejemplos que se están realizando ya con éxito en Europa, como, por ejemplo, que la empresa proponga al trabajador un sistema de ahorro complementario del que voluntariamente pueda excluirse si lo desea”.

Además, ha demandado para el futuro que se creen “estímulos fiscales auténticos” para el fomento de los planes de pensiones privados, en vez del actual “diferimiento de la fiscalidad”. González de Frutos ha querido señalar que desde Unespa están firmemente convencidos del “gran futuro que tiene por delante” el sector asegurador, principalmente “por el aumento de la longevidad”, y que, por ello, tanto industria como Administración tienen que “remar juntos, sintonizados en la misma frecuencia y en la misma dirección”.

Retos regulatorios y cambios

Por su parte, Sergio Álvarez Camiña, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, ha destacado “el profundo cambio” que se está viviendo en el sector asegurador, en el que “se ha producido un desplazamiento hacia productos donde el tomador asume el riesgo y la aseguradora realiza la gestión de las inversiones”. En este contexto de bajos tipos de interés, ha defendido que “la búsqueda de rentabilidad obliga a diversificar en nuevos activos y a llevar a cabo una gestión más activa pero, también, con un mayor nivel de riesgo”.

En su opinión, las entidades del sector “están centrando su actividad en los seguros de vida-riesgo porque son muy rentables”, aunque cree que el mayor reto en los próximos años será “saber qué hacer con las carteras cerradas de pólizas con garantía de interés”, en las que el mantenimiento de las condiciones acordadas “no tiene alternativa posible”. Además, Álvarez ha resaltado “el reto regulatorio” que tiene la industria por delante, en materias como la revisión de la Directiva Solvencia II, la contabilidad de los contratos de seguros, las finanzas sostenibles, la distribución o la transformación digital.

Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, ha expresado que “los valores del mutualismo se observan en momentos como el de la actual desaceleración económica”, donde la “desestabilidad política genera una quiebra de la confianza empresarial y social”. Por ello, ha querido destacar que “el seguro es un bien social que evita la precariedad en caso de falta de previsión o de cobertura”, pero que, en la actualidad, “existe un evidente riesgo de desmutualización por culpa de la personalización de la oferta a través del big data. “El seguro debe orientar sus pasos a la prevención pero no debe abandonar su carácter mutual como elemento social”, ha sentenciado.