La consultora Rhombus recuerda que el Gobierno aprobó el martes pasado el Real Decreto que pone en marcha la obligatoriedad de la factura electrónica para pymes y autónomos, una medida clave dentro del proceso de digitalización empresarial en España. Aunque su aplicación no será inmediata, el nuevo marco normativo introduce cambios estructurales en la forma en que las empresas gestionan su facturación y relación con Hacienda.

A partir de ahora, señalan, la Agencia Tributaria deberá desarrollar una plataforma pública y gratuita que permitirá a empresas y profesionales emitir facturas digitales de forma voluntaria en una primera fase. Una vez se apruebe la Orden Ministerial que regule esta solución, las empresas que facturen más de ocho millones de euros dispondrán de un año para adaptarse, mientras que aquellas por debajo de ese umbral, la gran mayoría del tejido empresarial, tendrán un plazo de dos años.

Para Soly Sakal, CEO de Rhombus, el cambio supone “una obligación al 100% que redefine cómo trabajan las empresas en su día a día”. En su opinión, aunque existe una alternativa pública, “lo más habitual será que las empresas sigan utilizando sus programas habituales, siempre que estén conectados con Hacienda, porque ya forman parte de sus procesos internos”.

El objetivo del Gobierno, añaden, pasa por reforzar el control fiscal, reducir la morosidad y mejorar la trazabilidad de las operaciones entre empresas. De hecho, la factura electrónica será obligatoria únicamente en relaciones entre profesionales y compañías, quedando fuera las operaciones con consumidores finales.

Convivirá con Verifactu

En paralelo, desde la consultora apuntan que esta normativa convive con otros sistemas como Verifactu, aunque ambos responden a objetivos distintos. “Son cosas diferentes a nivel técnico”, explica Sakal. “Verifactu busca el control del IVA en tiempo real, mientras que esta normativa está más enfocada en la digitalización y en el seguimiento de los pagos”, añade.

Desde una perspectiva económica, el Ejecutivo defiende que la implantación de la factura electrónica puede generar importantes ahorros, como ya ocurre en sectores donde está plenamente integrada. Sin embargo, desde Rhombus advierten de que el impacto no será neutro para todos. “En teoría, la motivación es buena, más transparencia y menos economía sumergida. Pero en la práctica estamos hablando de más control, más normativas y más inversión para cumplir con ellas”, indica Sakal.

El CEO de Rhombus pone el foco especialmente en los autónomos y pequeñas empresas, que representan la base del tejido productivo español: “Este país está hecho de millones de pequeños negocios que no llegan a esos ocho millones de facturación. Para ellos, esto supone un esfuerzo adicional en un momento complicado”.

Dificultades de implementación

En línea con lo ya ocurrido con Verifactu, Sakal advierte de que la desigual digitalización de las empresas puede generar dificultades en la implantación. “Muchas compañías aún trabajan con sistemas manuales o con softwares que no están preparados. Adaptarse implica costes, tiempo y reorganización interna”, recuerda.

Por ello, insiste en que la clave no está solo en la regulación, sino en el acompañamiento. “Lo más efectivo sería facilitar la adopción con políticas fiscales más flexibles o ayudas directas. No se trata solo de recaudar más, sino de permitir que las empresas puedan implementar estos cambios sin asfixiarse”, sentencia.