La reforma concursal aumentará la siniestralidad y los gastos de defensa en D&O
El Club de Aseguradores Internacionales (CAI) organizó el 24 de enero un webinar en el que se analizaron los aspectos de la Nueva ley concursal que afectan al seguro de RC de administradores y directivos (D&O), de la mano de Javier Wesolowski, socio de Wesolowski Abogados, y Javier Fernández, de Asterra Partners.
Reforma concursal
Tras la apertura a cargo de Francesc Rabassa, presidente del CAI, Javier Wesolowski señaló que la reforma “va a volver a poner de moda los seguros de D&O dado el previsible aumento de las reclamaciones”. En su intervención se centró en la legitimación de los acreedores que ostenten créditos equivalentes a el 5% del pasivo o sean titulares de créditos por importe superior a un millón de euros según la lista
provisional presentada por la administración concursal para mantener por sí solos la calificación culpable del concurso incluso contra el criterio de la administración concursal. El abogado también apuntó que “el papel de los acreedores será ahora clave para que se defina la calificación del concurso que antes se archivaba”.
Además, Wesolowski puso de relieve que “la posibilidad de elevar los informes al Ministerio Fiscal puede hacer que proliferen las acciones penales”. Y señaló que “la reforma establece la posibilidad de que se alcancen acuerdos transaccionales sobre la calificación entre la administración concursal y los acreedores, por un lado, y los administradores y otros posibles afectados por la calificación, por el otro.
Impacto de la reforma en D&O
En su intervención, Javier Fernández, de Asterra Partners, compartió las impresiones que hay entre aseguradores y corredores de seguro respecto a un posible repunte en la siniestralidad en el seguro de D&O a raíz de la nueva reforma en conjunto con otros factores adicionales. En primer lugar, la finalización de la moratoria concursal el pasado 30 de junio de 2022, produjo que aquellas compañías que se encontrasen en una situación de insolvencia, tuvieran que solicitar la declaración de concurso en un plazo máximo de dos meses, en caso contrario, los Administradores Sociales se enfrentarían a posibles responsabilidades en caso que este retraso ausase un perjuicio a los acreedores. Así mismo, la actual situación macroeconómica con un incremento en los costes de financiación y costes de producción disparados, ha tensionado el tejido empresarial e industrial español, afectando principalmente a pymes. Y, por último, el regulador con la nueva ley ha creado mecanismos como los explicados por Wesolowski anteriormente, lo cual, en conjunto, ha propiciado un escenario que augura un aumento en el número de concursos, que posteriormente puedan dar lugar a la activación de la cobertura de D&O, disparando la siniestralidad de los seguradores que suscriben este tipo de coberturas.
Póliza D&O vs concurso de acreedores
Aquí, Javier Fernández indicó que “en la actualidad la mayoría de las pólizas de D&O recoge el cambio de control; desde ese momento la póliza entra en run off, aunque permite notificar hechos previos al cambio de control”. Apuntó que “cada vez más pólizas de este tipo contemplan como cambio significativo cuando existe un concurso de acreedores”. “Otras más avanzadas, no lo contemplan hasta que no está en fase de liquidación de administradores”, añadió. Por lo que “habrá que habilitar a los nuevos plazos las pólizas de D&O y así evitar un gap de cobertura”.
Cuando hay dolo, “la posición de las aseguradoras no va a variar”, señaló Javier Fernández, “adelantan los gastos, pero más tarde los reclaman cuando hay una sentencia firme”. Y sobre el papel de las aseguradoras en la pieza de calificación dijo que “las aseguradoras no se suelen presentar”.