Entre las principales conclusiones del estudio “Los españoles ante la ‘okupación’ de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas”, elaborado por Línea Directa Aseguradora, destaca que 1 de cada 4 españoles (24%) cree que hay posibilidades “medias o altas” de que le “okupen” su vivienda y el 77% cree que este fenómeno es ya un problema social en nuestro país. No en vano, solamente el 8% de la sociedad piensa que la “okupación” de viviendas es un fenómeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos.

Línea Directa pone de relieve que la “okupación” se trata de un fenómeno al alza: según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos de “okupaciones” se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese periodo. Además, un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso de “okupación”, un porcentaje especialmente relevante en las Islas Baleares (39%). Por territorios, Cataluña, con 650 “okupaciones” denunciadas en 2022, Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor número de casos registrados. En cuanto a qué Comunidades viven con más preocupación el fenómeno, Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) son los territorios donde los ciudadanos se muestran más alarmados por la proliferación de casos de “okupación”, mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, donde menos.

¿Qué proponen los españoles?

El endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas para mitigar las “okupaciones” según el 60% de los españoles, muy por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%). El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro de los objetos de debate. En este sentido, el 53% de los españoles es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre ‘in situ’ la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. El 35% está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos. Además, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro “antiokupación”, siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.