El pasado lunes 28 de noviembre, el Colegio de Actuarios de Cataluña acogió la conferencia ‘Nuevo Sistema Español de Pensiones Públicas y Privadas. Diferencias relevantes con otros países europeos’. La conferencia estuvo a cargo de Xavier Varea, director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria y Profesor de la Universidad de Barcelona. La conferencia formó parte del IX Ciclo de Conferencias de la Comisión Intercolegial de Seniors de Cataluña.

Varea comenzó su conferencia hablando de la previsión social en España, basada en el sistema de los 3 pilares: Primer pilar, sistema público universal y obligatorio, basado en un modelo de “reparto”; Segundo pilar, sistema complementario, colectivo, basado en un modelo de capitalización individual, en el ámbito de la empresa; y Tercer pilar, sistema complementario individual, de capitalización.

Destacó la escasa implantación del segundo pilar (empresas), donde comentó que tan solo el 1% de las empresas y el 15% de los trabajadores disponen de un sistema de previsión de este tipo, con una escasísima presencia dentro de las pymes.

Comentó la importancia de los Acuerdos del Pacto de Toledo, del año 1995, y de la necesidad de consenso entre las fuerzas políticas para la reforma de los sistemas de pensiones, acuerdo que en los últimos años, lamentablemente dijo, ha faltado, lo que no permite llegar a los acuerdos que requiere un asunte de este calado.

Seguidamente habló de la evolución de la demografía en nuestro país, que muestra un acentuado envejecimiento de la población, lo que, sin duda, pone presión al sistema de pensiones, sanidad y dependencia. A modo de ejemplo, comentó que la probabilidad actuarial de llegar vivo a los 75 años pasará del 60% en hombres y 77% en mujeres (año 1990) al 80% en hombres y el 90% en mujeres (año 2030).

Comentó que nuestro sistema público de pensiones padece una crisis derivada de factores demográficos (envejecimiento de la población y baja natalidad) y también de factores económicos (bajos salarios, precariedad laboral, peso de las jubilaciones anticipadas y escaso desarrollo de los sistemas complementarios).

También habló de las reformas llevadas a cabo en el año 2011 y en el año 2013. La reforma del 2011 estableció la edad de jubilación en los 67 años (antes 65 años) y aumentó también los años necesarios para obtener el 100% de la pensión máxima y los años de cómputo para su cálculo (de 15 años a 25 años). La reforma del 2013 limitó el incremento de las pensiones al 0,25% anual y estableció un “factor de sostenibilidad” que vinculaba las nuevas pensiones a la esperanza de vida de los nuevos pensionistas.

Posteriormente, Varea habló de las reformas del 2021 y 2022: revalorización de las pensiones con el IPC, sustitución del “factor de sostenibilidad” por el “factor de equidad intergeneracional”, financiación de los costes de funcionamiento de la seguridad social a través de los presupuestos generales del estado, revisión del modelo de jubilación anticipada, regulación de los nuevos fondos de pensiones de promoción pública abiertos y de los nuevos planes de pensiones de empleo simplificados, modificación de los límites de aportaciones a sistemas de pensiones de empleo y un nuevo sistema para los trabajadores por cuenta propia.

En estos momentos se está debatiendo el aumento de las bases máximas de cotización de la seguridad y de las pensiones máximas y el incremento de los años de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, de 25 años a 30 años, con matices.

Finalmente, como conclusión, comentó:

• El desequilibrio financiero del sistema de pensiones público en nuestro país es “coyuntural” y no “estructural”, condicionado por los nacidos en años 60 y 70 (baby boom), generaciones que se jubilarán en los próximos años, que la evolución natural de la población corregirá de forma natural.
• La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones no ha de estar reñida con la sostenibilidad social del mismo.
• Se debe impulsar de forma decidida el Segundo Pilar, como han hecho otros países de nuestro entorno, de manera que llegue a ser un complemento importante para las futuras generaciones de jubilados.
• Toda reforma del sistema de pensiones de debería hacer por consenso, en el marco del Pacto de Toledo, buscando acuerdos fundamentales que perduren en el largo plazo.