La correduría Master Mutua señala que la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, ha reordenado buena parte de la práctica procesal.

El cambio de mayor calado es la generalización de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito previo de procedibilidad en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles: antes de demandar hay que acreditar un intento de negociación. Para abogados y procuradores, eso significa nuevos plazos, nuevos trámites y nuevos puntos donde un error puede tener consecuencias para el cliente.

Desde la correduría reseñan que «no es un riesgo menor». Las reclamaciones por negligencia profesional contra abogados y procuradores han crecido en los últimos años, al hilo de la mayor complejidad y especialización de los procedimientos. En la procura, el foco suele estar en la atención a los plazos procesales y en la presentación de escritos y recursos, cuya omisión puede traducirse en una pérdida de oportunidad indemnizable.

Por ello recuerdan que el seguro de Responsabilidad Civil Profesional es obligatorio para el ejercicio de la abogacía y la procura, por exigencia de la normativa colegial y estatutaria. «Más allá de la obligación, cubre tanto la indemnización al tercero perjudicado como los gastos de defensa jurídica, que en un procedimiento por responsabilidad pueden ser muy elevados», añaden.

«La vuelta a los juzgados llega este año con las reglas cambiadas por la Ley 1/2025. Cada plazo y cada trámite mal calculado es una fuente potencial de reclamación, y ahí la RC profesional deja de ser un formalismo para ser una red de seguridad, tanto para el profesional individual como para el despacho», afirma José Manuel Sánchez Trallero, director de Master Mutua.