El Observatorio Español de Seguro de Alquiler (OESA) ha celebrado la V Edición de su Jornada Alquiler Seguro, en la que se han analizados los primeros efectos de la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda. Entre las principales conclusiones de la cita, OESA resalta que «el seguro de Impago de Alquiler resulta más imprescindible que nunca para proteger a los propietarios en el clima de incertidumbre que se ha abierto con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda».

El presidente de OESA, Javier Íscar de Hoyos, ha incidido, por ello, en la necesidad de que se incluya en la nueva norma la posibilidad de contratación del Seguro de Alquiler. También se ha coincidido que «el seguro de Alquiler es un gasto que puede seguir imputándose al inquilino».

Además del clima generalizado de inseguridad jurídica, «los primeros efectos que va a tener la entrada de la norma son aumento del tiempo de lanzamiento del inquilino que incumple el contrato en 3 o 4 meses, por ello es fundamental contar con la cobertura del seguro de Impago superior a 12 meses, es decir, 18. Así como retraso de la firma de los contratos de alquiler e indefinición del concepto de gran tenedor». Así lo ha explicado Ana Barriga Vega, de García Pi Abogados, que ha realizado una exposición objetiva de la Ley e indicado que «vamos a entrar en una fase de prueba y error en su aplicación».

La Jornada Alquiler Seguro 2023 ha sido inaugurada por Eva María Lidón Gámez, subdirectora de la DGSFP, que ha insistido en «la necesidad de que los propietarios contraten únicamente seguros para evitarse problemas. Seguros auténticos que son los comercializados por las entidades aseguradoras y reaseguradores que son objeto de supervisión». También destacó que la DGSFP supervisa a los operadores de otros países que entran en España.

La importancia de la figura de los corredores de seguros como especialistas en encontrar el producto asegurador que realmente necesita cada usuario también ha sido destacado por la subdirectora.

La defensa de la Ley de la Vivienda ha corrido a cargo de César Ramos Esteban, portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PSOE que ha argumentado que «la norma da respuesta a las necesidades de una sociedad que está cambiando muy deprisa y a fenómenos como el alquiler turístico».  Ha incidido en que «era necesario regular el mercado y que son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que ahora tienen la herramienta para aplicar en función de la situación de cada zona».

Frente a ello, la portavoz de Vivienda del Partido Popular, Ana Zurita, ha insistido en que «la Ley de Vivienda ya nació viciada, es un manifiesto ideológico y panfletaria, así como que no era necesaria. Es una Ley que penaliza la propiedad privada. Tiene falta de criterio para definir el concepto de gran tenedor”, destacó. Ante esta situación ha abogado por un gran pacto de la vivienda.

La aplicación de la norma en las Comunidades Autónomas ha sido analizada por María José Piccio Marchetti Prado, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha indicado que «la Ley es una invasión a las competencias de las Comunidades Autónomas y que hay motivos para pensar que es inconstitucional».  Y ha sentenciado que «va a reducir el número de vivienda en alquiler, como ya están apuntando los informes de las agencias de calificación».