Philippe Paul, Director Ejecutivo de Sham en España, ha escrito un artículo en el boletín de la entidad en el que afirma que «el nuevo Parlamento que surja de las elecciones del 28 de abril tendrá que hacer frente a una serie de retos en el ámbito sanitario. El debate y aprobación del postergado baremo sanitario es un tema prioritario para garantizar una indemnización justa de las víctimas, la unidad y sostenibilidad del SNS y la adecuada cobertura de profesionales y pacientes. En nuestra perspectiva, la aprobación de un baremo específico para los daños provocados en la asistencia sanitaria, el conocido como Baremo sanitario, tiene un lugar prioritario«.

Añade que ·la aprobación de este baremo específico es una cuestión que viene postergándose desde hace alrededor de diez años. Los diferentes gobiernos que se han sucedido desde entonces lo han tenido siempre en su agenda, como una necesidad expresada por los diferentes actores implicados (directivos y profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes, juristas y aseguradoras). De hecho, durante estos años se han constituido comisiones de expertos que hasta han avanzado en la elaboración de borradores de una ley, pero esta nunca llegó siquiera a debatirse».

En su opinión, «la Legislatura que comenzará en los próximos meses tiene una buena oportunidad de dar respuesta a esta necesidad normativa, que es prioritaria por varias razones. La falta de un marco jurídico específico y adecuado para las víctimas y para los profesionales -ahora se utiliza como referencia el baremo de accidentes de tráfico- ha llevado a situaciones no deseadas. Por citar dos ejemplos, el aumento de la medicina defensiva por parte de los profesionales, y por otro un incremento de la litigiosidad y de la cuantía de esas reclamaciones por parte de los pacientes y sus familias. Algo que desde Sham observamos en el ámbito europeo como una de las consecuencias de la falta de un baremo sanitario».

Y concluye: «La aprobación del baremo sanitario vendría a dar la necesaria certidumbre que la buena gestión de nuestro sistema de salud requiere. Ofrecería el marco jurídico indispensable para dar justa cobertura a los daños derivados de la acción sanitaria, y además lo haría garantizando la unidad de criterio en todo el territorio español (ahora mismo las indemnizaciones varían mucho de una comunidad autónoma a otra). Al mismo tiempo, si se trabaja de forma adecuada en conjunto con la Estrategia de Seguridad del Paciente y los programas de Calidad de la Gestión de ámbitos estatal y autonómicos, serviría para poner el foco en la Gestión del Riesgo sanitario con una mirada de medio y largo plazo que garantice la sostenibilidad financiera del SNS».