Por Carlos Falcón, director de Ibercaja Mediación

En el avance hacia el desarrollo económico y social surgen distintas amenazas que dificultan mantener la estabilidad necesaria para seguir progresando y que evidencian nuestra vulnerabilidad a escala global. Algunas aparecen de forma inesperada, como ocurrió con la pandemia de la Covid-19. Otras, en cambio, nos acompañan desde hace años y requieren una mayor concienciación colectiva para poder hacerles frente, con el cambio climático como uno de los ejemplos más claros.

Sus efectos llevan años teniendo consecuencias en el medioambiente o en nuestra salud, pero desde hace un tiempo vemos cómo también está afectando a la economía. De hecho, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se estima que nuestro continente ha perdido aproximadamente 738 mil millones de euros entre 1980 y 2023 debido a fenómenos extremos climáticos, con más de un quinto de ellos concentrados en los últimos tres años. Y es que cada vez de forma más frecuente vemos a instituciones públicas y empresas privadas avisándonos de sus efectos. El pasado octubre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) alertó de que el país se enfrenta a 141 riesgos climáticos que afectan a diferentes esferas de la sociedad, con un especial foco en las ya mencionadas salud, economía y biodiversidad.

Entre ellos se encuentran las inundaciones, las tormentas y los temporales marítimos, y, de forma secundaria, las sequías, olas de calor, vientos fuertes, embates de mar, heladas, granizo, tornados y aludes de nieve. Sea cual sea el fenómeno, la realidad es que todos ellos, en su faceta más adversa, ocasionan graves daños sobre bienes y personas, llegando incluso a paralizar la actividad económica de las zonas que los sufren.

Esto es una realidad que pone de manifiesto la necesidad del sector asegurador de adaptarse a un nuevo paradigma, y es que, en la mayoría de los países europeos, más de la mitad de las pérdidas derivadas de catástrofes naturales no cuentan con seguro, una brecha que además se ha ensanchado en los últimos años, al crecer las pérdidas no aseguradas a un ritmo superior al de las cubiertas. Esta brecha de cobertura genera dificultades tanto para las aseguradoras como para la esfera pública, que en muchos casos deben hacerse cargo de una parte importante de las indemnizaciones.

Un ejemplo reciente fueron los incendios que asolaron gran parte de Galicia y Castilla y León el pasado verano y que obligaron a desalojar a más de 3.000 vecinos de distintas localidades leonesas, con más de 140.000 hectáreas en el territorio gallego calcinadas. Otro de los casos más llamativos de nuestra historia reciente fue la DANA, que en octubre de 2024 se cobró 237 víctimas mortales y dejó más de 11.000 edificios dañados. Las pérdidas económicas ascendieron a 17.000 millones de euros en los municipios afectados y se tramitaron 250.946 solicitudes de indemnización, según el Consorcio de Compensación de Seguros. Pese a que la mayoría fueron abonadas, el importe de los pagos dependía de la póliza contratada, por lo que no todos los afectados quedaron satisfechos con el importe recibido.

Por ello, para adaptarnos a esta nueva realidad, debemos tener en cuenta el impacto del cambio climático tanto desde una perspectiva social, analizando sus efectos sobre el entorno, como desde una óptica económica en el sector Seguros, lo que nos obliga a reevaluar cómo se configura un producto en base a los nuevos supuestos que deben cubrir y que, hasta ahora, no lo estaban haciendo.

Porque, del mismo modo que las necesidades de un joven no son las mismas que las de una familia numerosa, tampoco coinciden las de una productora de aceite en Jaén con las de una explotación ganadera en el norte de la Península. Esta diversidad exige soluciones de protección a medida, y que apuesten por un enfoque personalizado en el diseño de las pólizas, con el objetivo de proteger personas, bienes y actividad económica de una forma realista y ajustada a los retos en materia climática que estamos experimentando en los últimos años.

Esta estrategia requiere, por tanto, adaptar el modelo de negocio para integrar los riesgos en los marcos de cobertura, mejorando los patrones de riesgo e incorporando escenarios futuros y mayor transparencia sobre cómo se tienen en cuenta estos factores en la actividad aseguradora. También será importante que las pólizas incluyan incentivos económicos, como primas o franquicias más bajas, para quienes adopten medidas de prevención y que permitan reducir los riesgos potenciales derivados de este tipo de siniestros.

Todo esto sin olvidar la necesidad de que los gobiernos impulsen la contratación de seguros y desarrollen medidas de adaptación basadas en incentivos fiscales, formación y colaboración público-privada para reducir la brecha de protección. Anticiparse al riesgo y contar con soluciones adaptadas es hoy una herramienta fundamental para afrontar con mayor tranquilidad una realidad cada vez más cambiante.

El cambio climático es un hecho que no podemos ignorar y esto nos obliga a conocer en profundidad cómo afectarán las modificaciones del entorno a los riesgos existentes y cuáles serán los emergentes, con el objetivo de implementar los ajustes necesarios en el sistema y diseñar nuevos productos que permitan dar la cobertura necesaria a este nuevo escenario sin afectar a la sostenibilidad del sector. Pero lo que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, es que el sector asegurador se encuentra plenamente preparado para afrontar lo que está por venir.