Por Ulysses Grundey, director asociado de FINEX en Willis Towers Watson

Según los datos del Banco de España, una de cada cinco empresas, entre el 15% y el 19% del tejido empresarial español, está en riesgo de insolvencia por el impacto de la crisis sanitaria por Covid-19. Además de los notables daños para empleados y pequeñas empresas, esta oleada de insolvencias hace emerger también nuevos conflictos de responsabilidad para los administradores y directivos de las empresas, agravando los que ya existían y generando un riesgo sistémico para las aseguradoras con difícil escapatoria ya que la probabilidad de afrontar una reclamación es cada vez más alta. 

La reciente prórroga de la moratoria adoptada por el Consejo de Ministros mantiene en suspenso hasta el 31 de diciembre la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores para empresas que se encuentren en situación de insolvencia, y pretende retener la previsible concatenación de quiebras de empresas en España con la esperanza de que la situación económica mejore durante el segundo semestre del año. Pero desde el sector seguros, una vez más, hay que se ágiles, flexibles y saber anticiparse por si esa recuperación se demorara.

Para ser conscientes de la magnitud, el pasado mes de febrero se marcó un récord en el registro de concursos de acreedores desde que estalló la pandemia en marzo de 2020: un total de 532 empresas se declararon en situación de insolvencia al no poder hacer frente al pago de sus deudas con acreedores y proveedores, lo que supone un incremento del 18% con respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de febrero reflejan especialmente el fuerte impacto de la crisis sobre el sector de la hostelería, que domina el número de concursos de acreedores con un total de 138 solicitudes en lo que va de año.

Cualquiera que se haya visto en dificultades financieras en los últimos meses tiene que tomar decisiones sobre la base de una situación jurídica incierta. Por ejemplo, existe el riesgo de que se produzcan litigios si surgen dudas sobre si las dificultades de una empresa se debieron realmente a la crisis de coronavirus, o si por el contrario la moratoria ha sido utilizada indebidamente, agravando con ello la situación de la compañía por no solicitar el concurso en tiempo, lo cual puede ser generador de responsabilidad para sus administradores. 

A ello se añade que, en teoría y según la normativa concursal, los gestores no deberían asumir gastos (por ejemplo, compras) si conocen que no podrán pagarlos, algo que en la actual situación con la moratoria en vigor se torna en una decisión muy compleja. Y tomar una decisión equivocada podría desembocar en que el concurso de la empresa ponga en riesgo el patrimonio personal de los administradores.

Son apenas dos ejemplos. La pandemia derivada del Covid-19 y sus consecuencias económicas han creado la tormenta perfecta para los consejos de administración, que pueden verse inmersos en reclamaciones en las que se persiga la declaración de su responsabilidad por negligencia en las más variopintas materias: seguridad y salud de los empleados, malos resultados empresariales, pérdida de valor para los accionistas, caídas de las ventas, incidencias de ciberseguridad o, en general, todo aquello que se encuadre en el cajón de sastre de «fallos en la  gestión». Y es que la situación macroeconómica incita aún más a terceros a buscar una indemnización económica cuando los recursos propios están escaseando. 

Las aseguradoras son completamente conscientes de esta situación y, de hecho, hemos podido ver cómo el mercado del seguro de D&O se ha endurecido en cuestión de pocos meses a una velocidad vertiginosa, con incrementos de primas por encima del 1.000% en algunos casos y escasez de capital asegurador, lo que está dificultando las renovaciones de los programas de seguro.  Dicho de una forma muy simplificada: la incertidumbre sobre el futuro de las empresas y el panorama de las reclamaciones posibles contra los D&O han generado dudas sobre la suficiencia de primas para afrontar los pagos e indemnizaciones. 

Esperemos que a lo largo de los próximos meses la perspectiva para la economía española mejore y ayude a normalizar el mercado del seguro de D&O. De hecho, ya se está viendo la aparición de nuevos aseguradores interesados en ofrecer capacidad, lo que ayudará, sin duda, en matizar el coste de capacidad en un futuro próximo. 

En cualquier caso, las pólizas para cubrir la Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos (D&O por sus siglas en inglés- Directors and Officers-) son una solución aseguradora sobradamente conocida y utilizada por las empresas. De hecho, la mayoría de las compañías de mediano y gran tamaño ya cuentan con ellas para cubrir las posibles consecuencias financieras de eventuales reclamaciones contra el equipo gestor. Sería importante repasar sus coberturas si ya se dispone de estas pólizas y, en caso de no disponer de ellas, valorar su potencial.