Por María José García, Head of Third Party Claims, y

Alejandro Lovera, Head of Executive & Professional de BHSI

Asegurar grandes riesgos con operaciones en EEUU implica mucho más que evaluar balances y activos. El verdadero desafío radica en comprender el entorno jurídico y regulatorio estadounidense, especialmente en lo relativo a las demandas colectivas por valores (SCA), que continúan siendo una amenaza significativa para las empresas cotizadas.

Analizando las cifras publicadas, concluimos que aunque el número de demandas colectivas presentadas no parece estarse incrementando significativamente (114 en el primer semestre de 2025 frente a 220 en todo 2024) sí se refleja un incremento en las pérdidas económicas que han supuesto, en algunos casos incluso por encima de los $100M. Y por lo que se refiere a las causas de la reclamación, así como en 2024 predominaron las reclamaciones de accionistas, en 2025 ganan protagonismo las demandas colectivas relacionadas con criptomonedas y tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial.

Por lo que respecta a las compañías extranjeras cotizadas en EE.UU., en 2024 se presentaron 36 demandas colectivas contra estas entidades, afectando principalmente a empresas de Reino Unido, Canadá y Alemania, en sectores como biotecnología, software y automoción.

Y otro dato inquietante: aunque el número de compañías extranjeras registradas en EE.UU. ha crecido respecto al año anterior, el porcentaje de demandas contra ellas ha disminuido del 13,4% al 12,1%. ¿Es esto una señal de menor riesgo? No necesariamente, porque su complejidad y potencial impacto financiero siguen incrementando. Tanto que litigar una demanda colectiva sobre valores se convierte en una apuesta que puede comprometer la supervivencia misma de la empresa.

El cambio más significativo podría venir del regulador. En junio de 2025, la SEC inició una revisión profunda del marco regulatorio aplicable a los Foreign Private Issuers (FPI), la primera desde 2007. Los FPI son emisores extranjeros que cotizan en EE.UU. y que cumplen entre otras dos condiciones: no tener más del 50% de sus valores en manos de residentes estadounidenses y no tener una conexión significativa con EE.UU. en términos de sede, directivos o actividad principal. Este estatus permite a los FPI acceder al mercado estadounidense con menores requerimientos de divulgación, presentación de informes (tipo 10-Q) y ventajas en cuanto a las normas contables aplicables.

La revisión de la SEC busca limitar el acceso a estas ventajas para emisores que operan casi exclusivamente en EE.UU. sin estar sujetos a supervisión significativa en sus países de origen. Entre las propuestas se incluyen la exigencia de un volumen mínimo de negociación fuera de EE.UU, la cotización obligatoria en bolsas extranjeras relevantes, y la restricción a empresas en jurisdicciones con marcos regulatorios robustos.

Es claro que estas reformas podrían tener un impacto directo en los clientes con operaciones transatlánticas, que hasta ahora se beneficiaban de las ventajas otorgadas por el regulador, y que podrían verse obligadas a cumplir con estándares más estrictos, similares a los de emisores estadounidenses. 

Desde el área de suscripción, esto obliga a reevaluar el riesgo de emisores extranjeros, considerando no solo su registro legal, sino también su operación real y exposición a EE. UU.

Desde siniestros, un entorno regulatorio más estricto puede traducirse en un aumento de litigios, investigaciones y presión sobre los asegurados. La gestión del siniestro se vuelve más compleja, y la calidad de la defensa legal adquiere un papel central.

En este contexto, la estrategia de defensa cobra una importancia crítica. Desde BHSI hemos desarrollado el Suplemento “Preferred Counsel”, que permite a los asegurados elegir entre despachos especializados, con incentivos como la posible reducción de franquicias para el Side C. Estas firmas cuentan con un profundo conocimiento de las demandas colectivas y de los desafíos únicos que enfrentan los clientes (Commercial-Public-Preferred-Counsel-Contact-List-04.21.2025.pdf).

Dado que los gastos legales hasta la fase de descubrimiento pueden agotar rápidamente los límites del seguro D&O, la prioridad es lograr la desestimación del caso en la etapa de alegaciones mediante una “Motion to Dismiss”. Esta estrategia no sólo mejora la calidad de la defensa, sino que también permite una gestión más eficiente y colaborativa del siniestro, especialmente en fases como el descubrimiento o la negociación de acuerdos. En un entorno donde el valor medio de los acuerdos ha subido un 27%, y donde los tiempos de resolución superan los tres años, contar con una defensa jurídica experta desde el inicio es más que una ventaja: es una necesidad.

Desde BHSI España, aseguramos empresas en sectores altamente expuestos. Nuestra responsabilidad va más allá de ofrecer capacidad: implica anticipación, estrategia y acompañamiento.