La posibilidad de contar con un Baremo de Lesiones Sanitarias específico continúa generando interés en el sector por su capacidad para aportar mayor homogeneidad, previsibilidad y seguridad jurídica en la valoración de los daños. Aunque los expertos consultados reconocen las ventajas que podría ofrecer para facilitar acuerdos y reducir diferencias de criterio, también subrayan la complejidad de trasladar un sistema de este tipo al ámbito sanitario, donde intervienen circunstancias clínicas, responsabilidades y casuísticas muy diversas. El reconocimiento de sus posibles ventajas convive así con importantes dudas sobre su diseño, su encaje jurídico y, especialmente, sobre cuándo podría llegar a aprobarse.

Raquel Murillo, directora general de A.M.A., explica que actualmente el baremo de tráfico sirve como referencia orientativa para valorar el daño corporal, aunque no recoge con la misma precisión las particularidades propias del daño sanitario, entre ellas la complejidad clínica o la existencia de patologías previas.

Para la directiva, la inexistencia de un marco específico introduce incertidumbre y puede provocar diferencias en las valoraciones. Su conocimiento del asunto, además, procede de una experiencia directa: Murillo formó parte del Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad que trabajó durante años en la elaboración de un baremo de daños sanitarios.

Raquel Murillo (A.M.A. Grupo): “La ausencia de un baremo específico genera incertidumbre y puede dar lugar a valoraciones desiguales”

 

“La ausencia de un baremo específico genera incertidumbre y puede dar lugar a valoraciones desiguales. Que a día de hoy sigamos sin contar con una regulación específica demuestra que estamos ante un debate técnico y jurídico pendiente que conviene abordar con decisión”, señala.

A su juicio, disponer de una herramienta específica permitiría agilizar acuerdos extrajudiciales, homogeneizar criterios y aportar mayor seguridad jurídica al sistema en beneficio de las distintas partes implicadas.

Julio Núñez, director de Operaciones de Uniteco Profesional, recuerda que el debate sobre un baremo sanitario no es nuevo y que siguen existiendo iniciativas dirigidas a impulsar su desarrollo, también desde el ámbito institucional. Sin embargo, considera que la propia complejidad de la responsabilidad sanitaria requiere un consenso amplio, lo que dificulta establecer previsiones sobre una eventual aprobación.

Julio Núñez (Uniteco Profesional): “La complejidad de la RC Sanitaria hace que su desarrollo requiera amplio consenso, por lo que es difícil anticipar plazos de aprobación”

 

“La complejidad propia de la responsabilidad sanitaria hace que su desarrollo requiera un amplio consenso, por lo que resulta difícil anticipar plazos concretos para su aprobación”, explica.

Por su parte, Adrian Benito, director de RC & PI de Sur de Europa de Markel, se muestra más escéptico respecto a las posibilidades reales de implantación de este Baremo, pese a reconocer las ventajas que un sistema de valoración de este tipo podría proporcionar: “Se lleva mucho tiempo hablando; pero veo bastante difícil que llegue a implementarse”.

Adrian Benito (Markel): “Se lleva mucho tiempo hablando del Baremo de Lesiones Sanitarias; pero veo bastante difícil que llegue a implementarse”

 

Benito reconoce que un baremo constituiría una referencia clarificadora para determinar las indemnizaciones, pero recuerda también las objeciones de quienes consideran que impediría una valoración individualizada del daño y trataría de igual forma casos o siniestros entre los que pueden existir claras diferencias.

El portavoz introduce además otra dificultad: la naturaleza del responsable del daño puede variar entre un profesional, un centro privado o un centro público: “Por tanto, este baremo tendría que situarse ‘a caballo’ entre una RC por culpa, una RC objetiva y hasta una responsabilidad patrimonial; cosa que veo bastante improbable”.

Miguel Torres, director de RC de Occident, valora positivamente la posibilidad de disponer de un marco específico que aporte mayor homogeneidad, previsibilidad y seguridad jurídica para pacientes, profesionales sanitarios y aseguradoras. No obstante, advierte de que debería construirse teniendo en cuenta las particularidades propias del acto médico, sin limitarse a trasladar al ámbito sanitario el modelo utilizado en Autos.

“Un eventual baremo sanitario debería tener en cuenta las particularidades propias del acto médico y no plantearse como una simple traslación del Baremo de Autos”, sostiene.

Miguel Torres (Occident): “Un baremo debería tener en cuenta las particularidades del acto médico y no plantearse como simple traslación del Baremo de Autos”

 

Bien diseñado, añade, podría contribuir a reducir diferencias de valoración, facilitar acuerdos extrajudiciales y agilizar la resolución de reclamaciones. Mientras no exista un marco específico, Torres considera que el Baremo de Autos continuará siendo una referencia relevante para valorar los daños personales.

Manuel Ezquerro, director de Recoletos Navarra, considera deseable disponer de un marco específico que establezca criterios claros y previsibles para valorar los daños sanitarios, respetando las particularidades de cada caso y garantizando una compensación adecuada al perjudicado.

Manuel Ezquerro (Recoletos): “Este nuevo baremo tampoco implica que vaya a reducir automáticamente las primas”

 

El experto señala que una regulación de estas características podría facilitar acuerdos y reducir incertidumbre para pacientes, profesionales, centros y aseguradoras. Sin embargo, adopta una posición especialmente prudente respecto a las expectativas regulatorias: “La conveniencia de ese marco no permite anticipar su aprobación ni una fecha de entrada en vigor. Tampoco implica que vaya a reducir automáticamente las primas”.

Precisa asimismo que la resolución de actualización de cuantías publicada en febrero de 2026 se refiere a accidentes de circulación y no constituye por sí misma un baremo de lesiones sanitarias: “Nuestra posición es favorable a una regulación técnicamente sólida, sin convertir una expectativa en un hecho normativo”.