El Instituto Santalucía ha presentado el informe “Las cuentas del sistema público de pensiones en el periodo 2018-2025”, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). El estudio analiza la evolución de los ingresos, gastos y saldos del sistema público de pensiones, incorporando tanto el Sistema de Seguridad Social como el Régimen de Clases Pasivas.

El informe subraya que, para conocer la situación financiera real del sistema público de pensiones, es necesario analizar de forma agregada la Seguridad Social y el Régimen de Clases Pasivas, así como diferenciar entre prestaciones contributivas y no contributivas identificando sus ingresos propios. Con esta metodología, el informe estima que el déficit contributivo agregado alcanzó en 2025 los 56.946 millones de euros, equivalente al 3,4% del PIB.

“Garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones requiere información completa, rigor en el análisis y una visión de largo plazo. El reto no es solo financiar las pensiones de hoy, sino hacerlo de forma compatible con un esfuerzo equilibrado entre generaciones y con la estabilidad futura de las cuentas públicas”, concluye José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.

El estudio constata que el déficit contributivo del sistema público de pensiones se ha incrementado de forma significativa desde 2018. En ese año, el saldo negativo ascendía a 33.134 millones, frente a los 56.946 millones registrados en 2025.

Esta evolución se ha producido a pesar del fuerte crecimiento del empleo en España durante el periodo. Según el informe, entre 2018 y 2025 la economía española sumó 2,8 millones más de afiliaciones, un incremento del 15,2%, pero el componente contributivo de las pensiones ha necesitado durante este periodo casi duplicar los recursos anuales recibidos vía impuestos y deuda para hacer frente a sus obligaciones de gasto.

Para dimensionar el desfase, el informe estima que sería necesario contar con casi 7 millones de cotizaciones adicionales para equilibrar el componente contributivo de pensiones, o bien aumentar la cotización por afiliación en un 32,1%, mediante un fuerte incremento de la productividad, de los tipos de cotización o una combinación de ambas variables.

Según el informe, el gasto público en pensiones alcanzó en 2025 los 218.321 millones, lo que supone el 12,9% del PIB. Esta cifra refleja una tendencia de crecimiento sostenida: desde el año 2000, el peso del gasto en pensiones sobre el PIB ha aumentado 3,9 puntos, mientras que entre 2018 y 2025 el incremento ha sido de 0,9 puntos.

Una brecha superior al déficit contable de la Seguridad Social

El informe destaca que el déficit contable publicado de la Seguridad Social en 2025 fue de 7.352 millones , el 0,4% del PIB, pero señala que esta cifra refleja solo una parte del desequilibrio del sistema. Al analizar el componente contributivo agregado de la Seguridad Social y el Régimen de Clases Pasivas, el desfase derivado de la insuficiencia de cotizaciones sociales se eleva hasta los 56.946 millones de euros (3,4 puntos de PIB).

Además, si se excluyen los ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que deben enviarse al Fondo de Reserva para afrontar pagos futuros a partir de 2032, el déficit contributivo asciende a 61.881 millones, el 3,7% del PIB.

El informe recuerda que este desequilibrio se cubre mediante transferencias y préstamos del Estado. En el periodo 2018-2025, las transferencias anuales del Estado destinadas a cubrir el déficit contributivo pasaron de 20.123 millones a 48.259 millones de euros, mientras que el préstamo del Estado se situó en torno a los 10.003 millones en 2025.

Más de medio billón de euros desde 2010

El informe también analiza la evolución acumulada de la financiación aportada por el Estado. Desde 2010, las transferencias y préstamos destinados a cubrir el componente contributivo del sistema público de pensiones superan el medio billón de euros, con un acumulado de 501.091 millones. Esta cifra equivale al 50,6% del aumento de la deuda pública emitida por España en ese periodo, según el estudio. El deterioro se concentra especialmente en los últimos años: el 71% del importe acumulado corresponde al periodo 2018-2025, con 355.872 millones de euros.

El reto de la sostenibilidad a largo plazo

De cara al futuro, el informe apunta que el envejecimiento de la población, la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación y la mayor esperanza de vida intensificarán la presión sobre el sistema público de pensiones. El documento estima que mantener la tasa de reposición actual y la actualización anual de las pensiones con el IPC implicaría un aumento del gasto en pensiones anual hasta un promedio del 15,8% del PIB en el periodo 2022-2050.

El informe concluye que disponer de una fotografía completa, agregada y transparente de las cuentas del sistema público de pensiones resulta clave para que la sociedad española evalúe su sostenibilidad financiera, el impacto sobre las cuentas públicas y sus implicaciones en términos de equidad entre generaciones.