La ciberseguridad ha ido escalando puestos en la lista de prioridades de corporaciones privadas y entidades públicas hasta convertirse en la principal preocupación para la mayoría de empresas y gobiernos, que deben hacer frente al complejo equilibrio entre la necesaria digitalización y la capacidad de impedir la entrada de los ciberatacantes. Por esa razón, el 63% de las empresas españolas cuentan con cobertura ante incidentes ciber, ya sea con una póliza específica para ello (26%) o con una protección mucho más básica como parte de otro seguro general (37%).

Si bien es cierto que los ciberataques nos acompañan prácticamente desde los inicios de la informática, y que en los últimos años habían cobrado poco a poco más importancia, ha sido a raíz de la pandemia que han terminado de calar en la sociedad. De hecho, más de la mitad de las empresas españolas (53%) ya ha sido víctima de algún ciberataque, según desvela el Informe de Ciberpreparación de Hiscox 2021, de ahí que las que no tenían el respaldo de una aseguradora en esta materia estén haciendo planes para incluirla: el 12% tiene planes de contratar una póliza ciber específica y otro 7% quiere incluir esta cobertura en sus seguros ya existentes. Este aumento de inversión es posible gracias a que, conscientes del riesgo, las empresas también han aumentado la partida de su presupuesto de TI destinado a ciberseguridad (22% en 2021 frente al 15% de 2020 y el 9% de 2019).

Sin embargo, aunque solo representan un 18% del total, preocupan especialmente las empresas que no tienen planes de contratar ningún tipo de cobertura en un momento de máxima exposición ante los ataques. Solo en España hemos sido testigos de numerosos ataques, como el del Servicio Público de Empleo a principios del año, el del Ministerio de Trabajo meses después, el de MediaMarkt días antes de una fecha clave para los comercios como el Black Friday, y así una larga lista de empresas e instituciones públicas que han visto su actividad puesta en jaque por culpa de los ciberataques.

Para intentar evitarlos en el futuro, o mitigar sus efectos en caso de no poder impedirlos, es imprescindible la formación, tanto para los directivos como para todos los empleados implicados en la cadena de valor. No basta con contar con las suficientes infraestructuras tecnológicas si los empleados continúan siendo la principal puerta de entrada de los ataques por su falta de conocimiento para, por ejemplo, identificar correctamente un intento de phishing. En ese sentido en España aún queda un largo recorrido por hacer, porque el 35% de las empresas del país son cibernovatas y solo el 9% pueden ser consideradas como ciberexpertas por su capacidad de garantizar la resiliencia del negocio en el menor tiempo posible después de un ciberataque.

De hecho, existen en la actualidad multitud de iniciativas destinadas a mejorar esos índices, en especial en el caso de las pymes, en el que el “cibernovatismo” se eleva hasta el 54%. Una de las más importantes es el programa “Kit Digital” anunciado por el Gobierno, que prevé una inversión de más de 3.000 millones de euros en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas españolas y también de los autónomos. Y concretamente en lo relativo a ciberseguridad, el Gobierno español planea invertir 244 millones en ciberseguridad a través del INCIBE, lo que supone la mayor compra pública innovadora en Europa en esta materia.

La ciberseguridad apunta también a ser protagonista en 2022 en el seno de empresas e instituciones públicas, por lo que es primordial trabajar en el presente para desarrollar las herramientas suficientes que nos permitan protegernos de los ciberataques del futuro.