El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, intervino ayer en el Congreso de los Diputados para aportar su visión sobre la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

Durante su intervención apoyó un sistema de supervisión Twin Peaks que aglutine a los sectores financiero, de valores y asegurador, señalando que «en España no tenemos un modelo Twin Peaks, en el que un supervisor se ocupa sólo de solvencia y otro supervisor se ocupa de las normas de conducta y el trato a los clientes, sea un cliente de préstamo, de seguro o de valores. Pero menciono esto porque a mi juicio, si tuviésemos que identificar una sola medida, una acción que podría mejorar la protección del cliente financiero en España, para mí esa medida sería unificar en una única autoridad toda la supervisión, inspección y sanción de vulneración de normas de conducta y protección del cliente. Ello sería a mi juicio cambiar y orientar a favor del cliente todo el esquema de supervisión y protección del cliente, no sólo la fase final cuando hay una reclamación».

En este sentido, alabó el modelo británico, que cuenta con «un Ombudsman que resuelve reclamaciones de los tres sectores, pero que está adosado y muy coordinado con la autoridad supervisora de la conducta en los tres sectores, la FCA. Este modelo tiene una ventaja indudable: encaje perfecto y cooperación estrechísima entre supervisor, regulador y defensor del cliente. Ambas funciones se retroalimentan y además se logra la máxima eficiencia en costes: no es necesario duplicar todo, porque el Ombudsman se apoya en los servicios generales del supervisor».

Buenaventura no pierde la esperanza de que «algún día, aunque sea por trasposición temporal, empezando por el actual proyecto de resolución de reclamaciones, se pueda lograr ese giro de centrar auténticamente en el cliente la supervisión de los tres sectores«.

Aportaciones de la nueva autoridad

En cuanto a las aportaciones de la nueva autoridad, destacó su «carácter vinculante y especialización de propósito. Que la resolución sea vinculante es un avance respecto a la situación actual. Otorga al cliente una solución eficaz en el 100% de los casos y elimina esos poquísimos casos (en el ámbito de la CNMV) en los que al cliente se le da la razón, pero no obtiene resarcimiento sin acudir a los tribunales».

A su juicio, la otra aportación es la especialización: «Aunque actualmente la CNMV creo que es muy eficaz y muy eficiente, siempre se puede mejorar y potenciar las herramientas, los procedimientos y los medios cuando una organización, como la nueva Autoridad, está al 100% orientada a un único objetivo. Y pueden enriquecerse los procesos con ideas procedentes de otros sectores».

Delimitación de las competencias

En su opinión, «como en todos los casos en lo que se crea una nueva autoridad que viene a desarrollar lo que otras hacen, lo más importante es el diseño y delimitación de las competencias legales de la nueva autoridad y el encaje con las competencias de las autoridades a las que viene a sumarse. Evitar que haya la más mínima confusión o solape sobre quién regula, quién supervisa, quién sanciona y quién resuelve reclamaciones. Para ello es necesario que esas competencias sean muy precisas, centrándolas de forma exclusiva en la resolución de reclamaciones y manteniéndola separada de las competencias de supervisión y regulación que tienen los tres supervisores actuales. Ello permitirá un encaje armonioso desde el primer momento y evitará confusión de funciones, garantizando la máxima claridad eficiencia en la resolución de las reclamaciones».

Objeciones del sector asegurador

El sector asegurador ha rechazado el modelo de supervisión Twin Peaks, ya que sostiene que no tendría en cuenta las especificidades del seguro, así lo ha declarado en varias ocasiones Unespa y recientemente lo apoyaba Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña.

En cuanto a la opinión del seguro sobre la nueva Autoridad de Protección del Cliente Financiero, Pilar González de Frutos, presidente de Unespa, afirmó recientemente que «esta iniciativa plantea espinosos problemas jurídicos al establecer el carácter vinculante de las reclamaciones hasta 20.000 euros; incorporar una vía de recurso en una jurisdicción tan ajena a nuestra actividad como la contencioso administrativa o imponer una tasa de 250 euros que, en muchos casos, estará por encima del importe de la reclamación. Todas estas son cuestiones de especial relevancia que esperamos que puedan corregirse durante la tramitación del texto».