La DGSFP ha publicado una resolución por la que da publicidad a las directrices conjuntas para garantizar que las pruebas de resistencia frente a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza sean coherentes, integren consideraciones a largo plazo y se basen en normas comunes en materia de metodologías de evaluación, de conformidad con el artículo 100, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE y el artículo 304 quater, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE.

Estas directrices fueron presentadas por las Autoridades Europeas de Supervisión el pasado 31 de marzo de 2026. El objetivo de las directrices conjuntas es aclarar el modo en que las autoridades competentes deben integrar sistemáticamente los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (riesgos ESG) en sus actividades de pruebas de resistencia con fines de supervisión.

En primer lugar, por medio de esta resolución, la DGSFP «hace suyas» las directrices conjuntas y las aplicará en su labor de supervisión. En segundo lugar, cumple con el requisito de dar publicidad a las citadas directrices y, finalmente, establece un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la propia DGSFP o ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,  que será la entidad competente para resolverlo.