La Alianza de la Sanidad Privada Española quiere mostrar su inquietud ante la aprobación mañana en el Consejo de Ministros de una “ley para blindar la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud”, que establece la excepcionalidad de los recursos que facilita el sector de provisión sanitaria ante las necesidades del Sistema Nacional de Salud. De aprobarse esta iniciativa legislativa, España se convertiría en el único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su sistema nacional de salud.

ASPE considera que la pretensión de llevar a cabo acciones como derogar la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud son propuestas sustentadas únicamente en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud. De igual modo lo es pasar por alto la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios.

A este respecto, cabe recordar que solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, solo algo más de 1 de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a este concepto. Y es que el sector hospitalario privado lleva a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias y el 26% de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario, mientras que en el ámbito diagnóstico nacional, el 45% de las resonancias magnéticas; el 23% de TACs y el 24% PETs se realizan en la sanidad privada.

«Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia del Covid sin tener a los recursos privados a disposición», recuerda el presidente de ASPE, Carlos Rus. 

Y es que 1 de cada 3 pacientes hospitalizados por Covid en España ha sido atendido en la sanidad privada, bien sea por seguros, mutuas o derivados de la pública: 63.800 hospitalizados sobre 211.064, en base a los datos a 31 de diciembre de 2020, es decir, el 30,2%. Además, el 29% de los afectados que han requerido asistencia en UCI (5.302 pacientes sobre 18.251) a nivel estatal fueron atendidos en centros hospitalarios privados. «Somos un aliado estratégico, un recurso flexible y absolutamente necesario», insiste el presidente de ASPE.

Limitación de las competencias de gestión de las CCAA

Lejos de mejorar y ampliar los derechos de los ciudadanos, como se ha argumentado en alguna ocasión desde el Ministerio de Sanidad, lo que dimanará de la futura ley es una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las Comunidades Autónomas y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional. «Se está limitando a las CCAA en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas», señala Rus.

Esto es así porque lo que se pretende es minimizar las vías de colaboración sanitaria público-privada, probadamente eficaces y, hacerlo, precisamente en un contexto de aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población, un incremento de la cronicidad de muchas patologías y un volumen de listas de espera para intervenciones quirúrgicas y atención especializada alarmantes.

Contexto de listas de espera inasumibles

ASPE recuerda que el sector de la provisión sanitaria es parte fundamental del Sistema Nacional de Salud, con el 56% total de centros hospitalarios y el 32% del total de camas existentes en España, además de 12.000 centros extrahospitalarios. 

Y más, si cabe, en el contexto actual en el que un total de 706.740 pacientes estaban a día 31 de diciembre de 2021 en lista de espera para operarse en la sanidad pública, la cifra más alta de la serie histórica iniciada en 2003, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad.

Y se añade que «hay que saber además que, por lo general, el sistema de conciertos opera en condiciones significativamente más ventajosas en costes que a precio público. Los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son entre un 25% a un 69% menores».

En última instancia, esta patronal considera que el escenario -mitin de la campaña electoral a la presidencia de la Junta de Andalucía- y términos utilizados en la alusión a la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública, como si estas estuvieran en peligro por la colaboración público-privada, la cual existe desde 1986 y viene siendo utilizada por gobiernos autonómicos de todo signo político, responde a un objetivo electoralista y poco riguroso.  

IDIS

Asimismo, en relación con las informaciones aparecidas en algunos medios acerca de las declaraciones del presidente del Gobierno en torno a la próxima aprobación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, según las cuales la Ley se aprobará «para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y que, por tanto, no se privatice por ningún Gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma»,  el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, desea poner sobre la mesa que la magnitud de los problemas existentes en el sistema sanitario público, que requerirían de una auditoría en profundidad, no se puede ver respondido por un discurso cada vez más politizado circunscrito a una “supuesta privatización” de los servicios sanitarios que, por otra parte, no es real.  Asimismo, desea hacer las siguientes reflexiones:

• El artículo primero de esta Ley establece la gestión pública directa como forma preferente para la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios, y regula el procedimiento de gestión de los servicios sanitarios públicos, no impidiendo la concertación de servicios con el sector privado, sino protocolizándolo; un planteamiento que la Fundación IDIS considera respetable. En cualquier caso, al sector sanitario privado le es indiferente el modelo que elija la autoridad política correspondiente para la gestión de los servicios sanitarios; lo que siempre ha defendido es que se gestione de manera eficiente y bajo criterios profesionales. El texto incorpora además la necesidad de implementar indicadores de resultados sanitarios de acuerdo con las Comunidades Autónomas, otro aspecto destacable y que la Fundación IDIS considera clave para fomentar estrategias de mejora en los procesos y de libertad de elección de los pacientes.
• Las declaraciones del presidente del Gobierno son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad y a los problemas del sistema sanitario: aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, falta de cohesión entre CC.AA, desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados, etc. Por ello, la Fundación IDIS considera que las manifestaciones ante la aprobación de este anteproyecto no son acordes a la realidad de un Sistema Nacional de Salud roto y acechado por la rigidez, la falta de dotación y recursos y la inadecuación a la realidad.
• Resulta difícilmente entendible que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan tratando de vincular a “privatizaciones” que además no son tales, obviando la gravedad de la situación y generando incertidumbre y confusión en la población.
• Estos problemas reales que tiene el sistema sanitario público, de hecho, están llevando a los pacientes a recurrir a la sanidad privada en cualquiera de sus formas de aseguramiento y provisión para tener una atención sanitaria que de otra forma se está haciendo inaccesible.
• Las autoridades políticas deberían escuchar a la población y atender sus demandas. A modo de ejemplo, la encuesta de la Fundación IDIS sobre percepción del sistema sanitario presentada hace solo unos días, señala que el 95,2% de los encuestados considera importante que el Gobierno incremente la financiación de la sanidad, que un 94,9% ve muy necesario, bastante necesario o necesario que exista colaboración entre sectores y en el que el 96,4% de la población considera esencial que exista equidad de acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y terapias novedosas independientemente de las circunstancias y del territorio en que se viva. Igualmente, los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) corrobora que el 83% de los españoles ve urgente implantar reformas sanitarias para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Esa es la realidad a la que debe prestarse atención y no otra.
• Es urgente ya pasar página al discurso demagógico y sectario que no aporta y ver en el sector privado un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población. No parece justo que, después del papel que la sanidad ha jugado durante la pandemia, se mantenga el mismo discurso que antes.

En definitiva, «desde la Fundación IDIS consideramos que la burbuja de la política populista no hace más que dificultar una solución eficaz de los problemas, cuando lo importante e imprescindible es sumar voluntades y multiplicar esfuerzos, con una estrategia consensuada, y sinérgica. Lo contrario solo lleva al fracaso y al empobrecimiento de un sistema público ya a todas luces insuficiente», se concluye.