Por Javier Villalba, director de Siniestros de BHSI

Para nuestra mentalidad y tradición legal continental, el castigo ejemplarizante y reinsertante corresponde al Derecho Penal. Por ello, una de las figuras que más suele sorprender del derecho anglosajón y por ende en EEUU son los daños punitivos, definidos de una manera simple como la sanción económica impuesta al causante de un daño realizado dentro de un proceso civil cuando en la conducta se aprecia una mala fe qué, como dice el Tribunal Supremo de Alabama, va “acompañado de una indiferencia voluntaria y deliberada hacia las personas que previsiblemente pudieran resultar perjudicadas por tales actos u omisiones” y que tiene un carácter ejemplarizante.

Esa sanción se suma a la indemnización real del daño efectivo (los daños compensatorios) mediante la reparación económica o material de mismo.

La figura existe en todos los Estados de EEUU, y en todos ellos encontramos esa conducta maliciosa común de la que hablaba arriba.

Sobre su aplicación en los estados, vemos tres grupos:

• El grupo donde no se permiten (Michigan, Nebraska y Washington) sólo se pueden reclamar daños compensatorios y no se pueden imponer sanciones punitivas puras.
• Un segundo grupo seria los que la autorizan siempre que haya una ley (un “statute”) que los contemple; Luisiana y New Hampshire.
• El tercer grupo es aquellos estados donde los daños punitivos se permiten sin limitación de materia. En este tercer grupo encontramos diferencias por el tipo de conducta que tenga el demandado para que puedan traer aparejada la condena a daños punitivos, por el modo de probarlos (“Standard of proof”), por si se permiten contra personas de derecho público o si se permiten por un incumplimiento contractual (“Breach of Contract”). Resulta interesante también diferenciar aquellos estados en los que perceptor no es solo el perjudicado sino también el estado (en Alaska se pagan al 50% al demandante y 50% a un fondo estatal y en Georgia el 75% revierte al estado).

La pregunta que debemos responder en todos los estados es si están limitados en cantidad. El T. Supremo de EEUU dijo en resumen que los tribunales deben asegurarse de que la medida de castigo sea razonable y proporcional a la cuantía del daño causado al demandante y a los daños generales causados. En ausencia de una justificación especial, se presume que las proporciones entre daños punitivos y daños compensatorios que excedan en gran medida de 9 ó 10 a 1 son excesivas y, por tanto, inconstitucionales. En Arizona, Luisiana o Arkansas no existe límite alguno para la cantidad a pagar mientras que en otros estados encontramos limites económicos desde los 300.000 dólares hasta los 500.000 dólares. Otros estados tienen limites en función de la riqueza del demandado; por ejemplo en Mississippi se limitan a 20 millones si tiene este activos de más de 1000 millones de valor neto.

Para valorar la cantidad y su idoneidad, el Tribunal Supremo, estableció tres criterios en un caso paradigmático (BMW OF North America v. Gore, 1996), en el que el demandante descubre que su recién BMW había sufrido daños previos a la entrega, de los que no le informó y que tras el juicio supusieron una condena por daños compensatorios de 4.000 dólares y punitivos de 4.000.000 de dólares para la BMW.

Estos criterios son el grado de reprochabilidad de la mala conducta del demandado; la disparidad entre el daño real o potencial sufrido por el demandante y la indemnización punitiva concedida; y la diferencia entre la indemnización punitiva concedida por el jurado y las penas civiles impuestas en casos comparables.

Al aplicar estas tres cuestiones, el T.S. devuelve el caso a Alabama, y esta vez se le conceden daños punitivos a un decepcionado Sr. Gore por valor de 50.000 USD lo que parece más razonable. Sin embargo, el TS dejó abierta una puerta a que estos tres factores puedan anularse si es “necesario para disuadir conductas futuras”.